Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam denunciaron que el Gobierno español ha incumplido su compromiso de presentar un proyecto de ley de comercio de armas en el plazo de un año que dio el Congreso de los Diputados. Los citados colectivos pidieron al Ejecutivo que acelere la presentación del proyecto de ley para su aprobación cuanto antes.
Este año, en el que Naciones Unidas ha sentado las bases de un futuro Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, podría haber sido aprovechado en el Parlamento español para debatir y aprobar una ley para el control y la transparencia de las exportaciones de armas, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Sin embargo, «el Gobierno ha desoído al Parlamento y a los ciudadanos que piden más control para este comercio letal», apuntó.
Los tres colectivos que han denunciado el incumplimiento han criticado en repetidas ocasiones la falta de transparencia en las ventas españolas de armas y material de defensa, así como el incumplimiento del Código de Conducta de la Unión Europea con la venta de armamento a países como Colombia, Haití, EEUU, Indonesia e Israel. Así, alrededor del 30% de los destinos de las armas españolas no superaría la aplicación estricta del Código de Conducta.
Se precisa una ley que incluya medidas concretas para el control del comercio de armas, «desde los criterios para evitar que lleguen a ciertos países hasta cómo deben ser las licencias del Gobierno en todo el proceso de comercialización de armas, incluidas la producción, la intermediación y la exportación», indicó Juan López de Uralde, director de Greenpeace. «No sólo se venden armas a quien no debe tenerlas. Tampoco sabemos cuánto material de defensa se está prestando o regalando, y no sabemos si se están vendiendo botes de humo o misiles a un país como Colombia porque la información que da el Gobierno no es lo suficientemente transparente», explicó por su parte la directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa.
España vendió en 2005 armas y material de defensa por valor de 419 millones de euros a 48 países, según los últimos datos oficiales. También vendió tecnologías y productos de doble uso a 56 países por valor de 58 millones de euros. Entre estos países se encuentran algunos en conflicto o en los que se violan sistemáticamente los derechos humanos, recordaron desde las ONG.
