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Bruselas podría obligar a los proveedores de Internet a retener los datos de las comunicaciones electrónicas hasta tres años

Esta medida generaría un coste a las empresas que trasladarían a los precios de sus servicios

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 16 junio de 2005
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la Unión Europea (UE) obligue a los proveedores de acceso a Internet (ISP) a retener los datos de las comunicaciones electrónicas entre 12 y 36 meses, según informa la Asociación de Internautas (AI).

En 2004, la CLI advirtió sobre una propuesta presentada al Consejo de la UE por Francia, Irlanda, Suecia y Reino Unido que perseguía armonizar los periodos de conservación de los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas con fines policiales, estableciendo mínimos de un año y máximos de tres. Esta propuesta no incluía la obligación de retener el contenido de las mismas, pero sí los datos de tráfico (fecha, origen, destinatario, duración) y los de conexión (localización).

El Parlamento Europeo rechazó hace unos días esta propuesta por no ser conforme a los principios de la normativa europea de protección de datos, ni cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la intimidad, vulnerar el principio de inocencia, e imponer unas cargas desproporcionadas a las empresas de telecomunicaciones para implantar un sistema cuya eficacia resulta "dudosa", señala la AI.

Ante estas circunstancias, la Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que proponga una iniciativa acorde con la legislación vigente, basándose en el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa que propuso una duración máxima de conservación de los datos de 90 días, y fomentando la cooperación entre los Estados miembros. En cualquier caso, la opinión del Parlamento Europeo no es vinculante.

El Ejecutivo comunitario se propone además obligar a las compañías telefónicas y proveedores de Internet a registrar todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y otras comunicaciones electrónicas durante un mínimo de un año con fines policiales, indica la asociación. Esta medida supondría un coste que las empresas repercutirían en el precio de los servicios, como Internet, añade.

La CLI recuerda que los análisis realizados por las compañías de telecomunicaciones en Europa muestran que los datos de tráfico exigidos para la persecución de las infracciones y delitos en Internet tienen una antigüedad inferior a seis meses.

En España, el último reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones regula el plazo de retención de los datos de tráfico con fines comerciales, limitándolo al plazo de impugnación de las facturas (tres meses), y las personas que pueden acceder a los mismos. Sin embargo, la AI apunta que sigue pendiente de desarrollo reglamentario el tratamiento de los datos de tráfico y de conexión con fines policiales contemplado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), que fija un periodo máximo de 12 meses, debiéndose en todo caso preservar el derecho al secreto de las comunicaciones.

Por todo ello, la CLI solicita al Gobierno que elabore el reglamento de desarrollo del artículo 12 de la LSSICE, incorporando las debidas garantías "para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y defina de esta manera claramente su posición al respecto tanto en España como ante la UE".

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