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El juez intervendrá desde el primer momento en el proceso de cierre de páginas web que faciliten descargas ilegales

Ningún responsable de un portal web se identificará sin una autorización judicial

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 25 enero de 2011

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, señaló que en la propuesta de enmienda no hay cambios sustanciales y se mantiene el procedimiento mixto administrativo-judicial. Se modifica la intervención judicial en la identificación de la página web responsable: en la fase inicial del proceso será un juez quien deba autorizar o no la identificación del presunto responsable de la vulneración de los derechos de autor, es decir, ningún responsable de un portal será identificado sin una autorización judicial.

El magistrado intervendrá cuando la denominada Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y requiera datos, como quién es el responsable del dominio que sirve contenidos no autorizados, cuántos usuarios tiene y otras informaciones confidenciales sobre las partes que deberán personarse en un procedimiento que, según los cálculos iniciales, podría extenderse al menos 17 días.

La citada Comisión de Propiedad Intelectual tendrá dos secciones. La primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje y la segunda "velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico".

La segunda sección será la encargada de adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio o se retire el mismo cuando vulnere derechos de propiedad intelectual "siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". No obstante, antes de proceder a adoptar estas medidas lo comunicará de forma previa para insta a la retirada o suspensión del mismo de manera voluntaria en el plazo de 48 horas "o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas". En todo caso, la ejecución de las medidas sancionadoras requerirá una autorización judicial previa.

Por otro lado, González-Sinde informó de que en la enmienda presentada se incluye un apartado en el que se establece un plazo de tres meses para modificar la regulación del canon digital. Se hará mediante real decreto. La ministra hizo hincapié en que la ley no lo suprime, en aplicación de una Directiva de la Unión Europea. No obstante, será modificado en virtud de la reciente sentencia del tribunal europeo al respecto.

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