Saltar el menú de navegación e ir al contenido

EROSKI CONSUMER, el diario del consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canales de EROSKI CONSUMER


Estás en la siguiente localización: Portada > Nuevas tecnologías

La Asociación de Internautas recurre ante el Constitucional el reglamento de comunicaciones electrónicas

Denuncia que desde hace tres años "se permite que el Estado espíe nuestras comunicaciones sin la cobertura legal necesaria"

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 22 abril de 2008
La Asociación de Internautas (AI) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el "Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios", tras haberlo impugnado sin éxito ante el Supremo.

Según la AI, este reglamento daba cobertura jurídica al sistema integrado de interceptación de las comunicaciones conocido como SITEL, empleado por la Policía para escuchar conversaciones entre presuntos delincuentes.

"Esta normativa no tiene el rango legal, el apoyo parlamentario, que exige la Constitución Española para regular la limitación de derechos fundamentales, tales como el secreto de las comunicaciones, la protección de datos personales o la intimidad de las personas", señala la asociación en un comunicado.

El citado reglamento, que entró en vigor en 2005, "permite que el Estado espíe nuestras comunicaciones sin la cobertura legal necesaria (sin estar precisado el marco de actuación por el legislativo, con el apoyo numérico que exige la Comisión Europea) y sin un control judicial previo que determine todo su alcance y límites para afectar derechos fundamentales", denuncia la AI.

Los agentes legalmente autorizados a realizar estas "escuchas" pueden obligar a los prestadores de servicios a que les faciliten toda la información que quieran "relativa a los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas", y todo ello antes de que intervenga el juez. En definitiva, la asociación sostiene que los "agentes facultados" pueden ignorar el derecho fundamental a la protección de datos personales.

Te puede interesar:

Infografías | Fotografías | Investigaciones