Los ministerios de Justicia e Interior han dispuesto una base legal para luchar contra la delincuencia y el terrorismo mediante un cierto control de las comunicaciones telefónicas. Precisamente será una ley lo que obligará a identificar a los dueños de tarjetas de móvil y a guardar un año los datos.
Ambos departamentos han terminado el anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación. La futura normativa establece un plazo de un año en el que todas las compañías telefónicas deberán conservar los datos de las comunicaciones de sus clientes.
Móviles con nombre y apellidos
Se creará un libro de registro. La nueva ley también obligará a las tiendas que venden tarjetas telefónicas a identificar a los compradores de modo que los dueños de teléfonos móviles, en la actualidad 16 millones, dejarán de ser anónimos. La investigación sobre las comunicaciones fue una de las claves para la rápida detención de parte de los responsables del 11-M.
El 21 de febrero pasado el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de Comunicaciones Electrónicas. La normativa obligaba a los operadores a retener los datos durante un periodo de entre 6 y 24 meses para la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.
A este respecto, el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, ha asegurado que esta medida no perjudica a los consumidores, aunque matizó que el Gobierno debe «vigilar la utilización futura de esos datos».
«Hasta ahora la compra de una tarjeta era algo anónimo y el hecho de que ahora se recoja información significa que se van a manejar una serie de datos cuyo control nos parece importante», explicó. Por este motivo, Múgica recalcó la importancia de que la nueva normativa «recoja qué tipo de uso y qué control se va a realizar sobre la utilización de los datos porque puede dar lugar a un uso indebido».
Así, el director de OCU señaló que los legisladores «deben compatibilizar la seguridad con el derecho de los usuarios a tener un funcionamiento correcto de los servicios».
