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Diez ayuntamientos se suman a una experiencia piloto contra el acoso inmobiliario

Vivienda habilitará el lunes un teléfono gratuito (900 900 707) para atender a los afectados

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  • Fecha de publicación: sábado 9 febrero de 2008
Los ayuntamientos de L`Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, A Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas han sido los primeros en sumarse a una experiencia piloto contra el acoso inmobiliario diseñada por el Ministerio de Vivienda. Otros consistorios también han mostrado interés y han señalado que en los próximos meses harán efectiva su participación en esta iniciativa.

Los convenios con esa decena de ayuntamientos, que serán suscritos el próximo día 15 de febrero, se enmarcan en el compromiso adquirido el pasado mes de diciembre entre la ministra Carme Chacón y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos destinados a proteger a los arrendatarios frente a las prácticas abusivas de algunos propietarios.

La primera medida se pondrá en marcha el próximo lunes. Ese día, Vivienda habilitará un teléfono gratuito (900 900 707) de atención ciudadana, que contará con personal especializado para atender a los afectados por estas prácticas con toda la información necesaria sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Compromiso de los ayuntamientos

Por su parte, los consistorios adscritos al proyecto tomarán en cuenta las denuncias efectuadas por los ciudadanos víctimas de acoso inmobiliario, facilitadas por el Ministerio de Vivienda, y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso lo requiera y se encuentre dentro del ámbito de su actuación.

Asimismo, dirigirán a los ciudadanos hacia los servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita que puedan prestar la propia Administración municipal, otras administraciones públicas o colegios profesionales, en función del suceso, procurando, en todo caso, el acceso a dichos servicios.

La ministra Chacón afirmó que esta experiencia es un primer paso para luchar contra "una práctica deleznable que no podemos tolerar y que no debe tener cabida en nuestras ciudades". El tema, dijo, "tiene una importante dimensión social, ya que en la mayoría de los casos afecta a personas con indefensión y a personas mayores con pocos recursos, que se ven acosadas por algunos promotores inmobiliarios con pocos escrúpulos, para forzarlos a que abandonen la vivienda que alquilan".

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