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El Gobierno destinará 300 millones de euros a la compra de suelo privado

Se dará prioridad a los terrenos que permitan la construcción de vivienda protegida

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 24 julio de 2008
El Gobierno realizará en octubre su primera oferta para hacerse con suelo privado por valor de 300 millones de euros ampliables, según anunció ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES, añadió.

Imagen: CONSUMER EROSKI

Las ofertas que se presenten a este concurso, que tendrá una duración de tres meses, serán evaluadas por una comisión en la que comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán un papel protagonista, precisó la ministra. Y es que será con las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con quienes se consensúen los criterios de selección que determinarán los futuros espacios a adquirir por parte del Gobierno. Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a aquellos suelos que permitan una transformación inmediata para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) situados en territorios con mayor demanda.

Tras el plazo de selección, el Ejecutivo se reservará una opción de compra de seis meses para los suelos escogidos. Durante ese periodo realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación. En cuanto al precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO. La oferta inicial de 300 millones de euros podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual, explicó Corredor.

Medida estructural

La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible. Corredor dijo a este respecto que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.

La oferta inicial de 300 millones de euros podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso

"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.

Acuerdos y desacuerdos

La iniciativa anunciada por la titular de Vivienda ha provocado reacciones tanto positivas como negativas. A favor se muestra la Federación Española de Municipios y Provincias y en contra, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), mientras que algunas asociaciones de consumidores piden que la compra de suelo se haga "a precios razonables".

Para el presidente de la FEMP, Pedro Castro, la medida ayudará a "paliar" las dificultades del sector inmobiliario consecuencia de la desaceleración económica que sufre el país. Por eso, se muestra a favor de la compra de suelo privado.

La ministra niega que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios

En cambio, el director del Servicio de Estudios del IEE, Gregorio Izquierdo, ha criticado la decisión porque opina que ya hay oferta de VPO suficiente, por lo que, a su juicio, sería más efectivo facilitar el acceso a la vivienda con ayudas fiscales. Izquierdo advierte de que la política de comprar suelo para edificar pisos protegidos es "muy costosa".

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la ministra Corredor que la compra de suelo se haga "a precios razonables y de forma transparente", de manera que todos los datos sean públicos. Esta organización subraya que "el derecho de los consumidores a acceder a una vivienda a un precio razonable está por encima de las demandas de ayudas de un sector cuya crisis es una consecuencia previsible después de años de beneficios multimillonarios".

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