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El Gobierno estudia crear un registro público de inquilinos morosos

Su objetivo es fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar el arrendamiento

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 3 mayo de 2012
inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el Programa Nacional de Reformas 2012 remitido por el Ejecutivo a la Comisión Europea (CE). El Gobierno quiere así "impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos" por lo que estudia la posibilidad de crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios conflictivos.

Para darle un marco legal a este registro y a la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.

Además, el Ejecutivo fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler. El informe propone igualmente una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario). El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una "ventanilla única", en la que se otorgue prioridad a las personas con bajos niveles de renta e se las incluya en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.

El Ejecutivo llevará a cabo también una iniciativa para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las casas vacías y fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis. El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la rehabilitación.

El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Recuerda así en el documento remitido que la demanda de viviendas ha registrado caídas "muy acusadas" en 2011 y que es previsible "un ajuste lento del mercado". En concreto, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven "muy suavemente" y compensen la reducción del "stock" de inmuebles sin vender. Se pasará de esta forma de unas 90.000 viviendas iniciadas en 2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos, "leves tasas" de crecimiento interanuales positivas en los indicadores de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015.

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