El Ejecutivo comunitario ha propuesto una norma cuyo objetivo es frenar la concesión de préstamos hipotecarios «irresponsables» como los causantes de la burbuja inmobiliaria en España o Irlanda. Nuestro país, junto con Dinamarca, Estonia, Bulgaria y Letonia, destaca entre los países de la Unión Europea (UE) donde más ha aumentado la tasa de morosidad hipotecaria debido a la crisis, ya que ha pasado del 0,72% en 2007 al 2,88% en 2009. Las ejecuciones hipotecarias se han incrementado en nuestro país en el mismo periodo un 260% (de 25.943 a 93.319), según los datos de Bruselas.
«En Europa, el nivel de excesos no ha sido tan dramático como en Estados Unidos, pero también hemos visto casos graves de créditos irresponsables, que fueron en parte la causa de burbujas inmobiliarias y después de los inevitables estallidos, por ejemplo en Irlanda o España», explicó la portavoz de Mercado Interior, Chantal Hughes. Para impedir que se repitan estos excesos, la Comisión Europea (CE) quiere que en el futuro las hipotecas se concedan «en base a la capacidad del beneficiario de devolverlas y no en la posible subida futura de los precios de la vivienda», apuntó la portavoz.
Esta norma obliga al banco a evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito en función de las circunstancias personales de éste y de información suficiente. Introduce además la obligación de que el prestamista deniegue la concesión del crédito cuando los resultados de la evaluación de la solvencia sean negativos. El objetivo es acabar con prácticas como las del mercado británico, donde el 45% de las hipotecas en 2006/2007 se concedían sin siquiera verificar los ingresos de los clientes. Además, las entidades deberán dar al consumidor toda la información sobre la hipoteca y advertirle de los riesgos si incumple el contrato de crédito.
La directiva reconoce también en toda la UE por primera vez el derecho de los usuarios a reembolsar su hipoteca antes de la fecha de vencimiento del contrato en condiciones «no excesivamente onerosas». No obstante, se deja en manos de los Estados miembros fijar el nivel de penalización. Los bancos deberán utilizar la definición prevista en la legislación de la UE sobre la tasa anual equivalente (TAE), para que resulte más fácil a los clientes comparar hipotecas.
La nueva norma pretende también crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes. La norma debe ser negociada ahora por los gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara.
