Buscando actualizar las normas de la construcción y hacer frente a la creciente demanda energética, los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda informaron ayer de que la instalación de paneles solares es ya obligatoria en los edificios nuevos y rehabilitados en España.
Los estándares de construcción españoles utilizados hasta el momento databan de la década de los 70, por lo que los avances en cuento a eficiencia energética habían sido escasos. «Tenemos que recuperar el tiempo perdido», dijo la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la inauguración de un seminario sobre el nuevo código técnico de edificación.
Aunque este código entrará en vigor totalmente en marzo, lo referente al ahorro de energía se aplica desde el pasado 29 de septiembre. Eso supone que, dependiendo de dónde se ubique el edificio y del consumo previsto de agua, las nuevas casas tienen que estar equipadas con paneles solares que aporten entre el 30% y el 70% de su agua caliente. Además, los nuevos edificios no residenciales, como centros comerciales y hospitales, tienen que incorporar paneles fotovoltaicos que generen una proporción de su electricidad.
El nuevo código de edificación también exigirá, entre otras medidas, el uso de un mejor aislamiento, la mejora en el mantenimiento de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, así como el incremento en el uso de la luz natural. «La implantación de las exigencias energéticas (…) va a suponer para cada edificio un ahorro energético asociado de un 30-40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-55%», informaron en un comunicado conjunto ambos ministerios.
Si bien son las autoridades regionales y locales las responsables de los planes urbanísticos, el Ministerio de Vivienda está tratando de frenar la proliferación de nuevas construcciones. «En una década hemos urbanizado una cuarta parte de la superficie urbana que existía anteriormente», dijo en el seminario la titular de esta cartera, María Antonia Trujillo. El código debería limitar el daño de las nuevas construcciones continuadas y es el cambio legal más significativo para el sector en 30 años, aseguró la ministra.