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Un informe propone suprimir la VPO en propiedad y financiar ayudas al alquiler de vivienda libre

Esta medida conseguiría sacar al mercado de arrendamiento las viviendas desocupadas y el actual stock de casas sin vender

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 15 octubre de 2009
Hay que suprimir la creación de vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad y dedicar todos los recursos disponibles a financiar ayudas al alquiler de vivienda libre para las personas con bajos niveles de renta. Esa es al menos una de las propuestas que varios expertos en el mercado inmobiliario han plasmado en el informe "Por un mercado de la vivienda que funcione: una propuesta de reforma estructural", elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y presentado ayer en Madrid.

Los expertos consideran que con esta medida se conseguiría sacar al mercado de alquiler las viviendas desocupadas y el actual stock de casas sin vender, que alcanzará un total de 650.000 a finales de 2009. El parque de viviendas español se compone de un 85% en propiedad, un 16% de vivienda desocupada y un 13% en alquiler. De estas últimas, sólo entre el 1% y el 2% de los arrendamientos tienen ayudas públicas. "No se plantea una disminución de la protección social en España, sino que se deje de subvencionar al ladrillo en favor de las personas", explicó el catedrático de la London School of Economics Luis Garicano.

El informe destaca como segunda propuesta la supresión con carácter inmediato de todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda, cuya eliminación el Gobierno ha retrasado hasta 2011, y que estos recursos se destinen a financiar una desgravación para el alquiler. El trabajo afirma que la actual deducción en el Impuesto de sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de la vivienda, que puede alcanzar una reducción en la cuota de un máximo de 9.015 euros por año, resulta "generosa" y tiene un "alto coste fiscal".

Otra de las medidas propuestas supone la eliminación o reducción drástica del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que recaudan las comunidades autónomas, con el objetivo de dinamizar la compraventa de viviendas y favorecer la movilidad geográfica. Para evitar la caída de la recaudación, los expertos sugieren compensar la medida con un aumento del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), con la inclusión de un tramo autonómico, ya que la competencia de este impuesto corresponde a lo ayuntamientos.

Por último, el informe solicita potenciar el mercado del alquiler mediante la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios y la reducción de trabas a los inquilinos.

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