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Viviendas de Protección Oficial: Mayor oferta de compra que de alquiler

Tan sólo el 7% de las viviendas que se construyen son públicas

Adquirir una vivienda de protección oficial en España es una batalla sin tregua. Nunca antes, aseguran los expertos, fue tan difícil encontrar un piso protegido. Anualmente se construyen en el país cerca de 500.000 viviendas, de las cuales sólo un 7% tiene subvención pública. Esta circunstancia, sumada a los elevados precios de las viviendas libres, limita las posibilidades de los usuarios a la hora de obtener una casa barata. No obstante, es más fácil hacerse con un piso de protección oficial en propiedad que uno en alquiler, pues las ayudas estatales y autonómicas están encaminadas a fomentar la compra y los alquileres sociales son cada vez más escasos.

Cada comunidad es independiente

Para optar a una Vivienda de Protección Oficial es necesario reunir varios requisitos. Actualmente, según explican desde la confederación española de consumidores y usuarios, todas las comunidades autónomas tienen planes de construcción de vivienda protegida que están sujetos a varios factores que van desde el color político, la situación económica de la región y elementos demográficos. El Gobierno central también ha establecido un plan de vivienda de Protección Oficial, aunque desde la oposición, los sindicatos y asociaciones de usuarios se reclama su total cumplimiento.

En lo que respecta a las condiciones, éstas apenas varían de una comunidad a otra. A una Vivienda de Protección Oficial, explica la CECU, pueden optar personas físicas integradas en unidades familiares o no; mayores de edad o menores emancipados que no estén incapacitados para tener obligaciones civiles y que residan o trabajen en el municipio donde solicitan su vivienda. Los ingresos no pueden superar las 5,5 veces el salario mínimo interprofesional que en 2003 se ha establecido en 451,20 euros. Es decir, no más de 15.025,30 euros anuales por persona, unos 2.500.000 de pesetas.

Entre las condiciones también se establece que quien opte a una vivienda protegida no puede poseer otra de similares características. Sólo se debe destinar el piso a residencia habitual y permanente y se debe ocupar en un plazo máximo de tres meses desde la entrega de las llaves. Una condición importante es que la vivienda no podrá traspasarse dentro de un plazo delimitado por la institución pública que la promueva ni tampoco sin solicitar la respectiva autorización. En casos así será necesario devolver el importe de las subvenciones que se hayan recibido.

Por lo general los ayuntamientos y comunidades, así como el Ministerio de Fomento, recomiendan a los usuarios informarse muy bien de las condiciones de la oferta que se presenta al público. Las promociones aparecen reflejadas en los medios de comunicación y en los boletines oficiales de los órganos competentes. Una vez se ha estudiado con detenimiento la oferta, es conveniente acudir a la consejería o consistorio respectivo para obtener el impreso oficial.

El proceso de solicitud, según explican desde el Ayuntamiento de Madrid, es de un mes, aunque dependerá de cada comunidad. Ante la avalancha de peticiones se ha establecido un sistema de citas previas. Una vez se cierra el plazo de inscripción, el Consistorio publica una lista de admitidos y rechazados, previo estudio de sus solicitudes. Cuando se da a conocer la lista, aquellos que han quedado fuera disponen de diez días para hacer las alegaciones que estimen oportunas. Después, y siempre previo acuerdo del Consejo de Administración de la entidad ofertante, se publica la lista definitiva.

La Empresa Municipal de la Vivienda, organismo dependiente del Ayuntamiento de Madrid, recuerda que en la fase de adjudicación entran en juego diversos factores. Se trata de los llamados baremos, que en muchos casos son determinantes cuando de adquirir una vivienda de protección oficial se trata. Tales baremos tienen que ver con las condiciones del solicitante. Es decir, si tiene una familia numerosa, (pareja con tres hijos o pareja con dos hijos, uno de los cuales es discapacitado); si es menor de 35 años; si vive de alquiler, si tiene cargas familiares no compartidas o bien si ha sufrido maltrato conyugal, entre otros.

Siempre y cuando se cumplan todos los requisitos necesarios, a los aspirantes se les otorga la vivienda mediante sorteo ante notario, cuando se han dado muchos expedientes con la misma puntuación y a través de la puntuación directa en función de los baremos establecidos. “Realmente es una lotería, porque por lo general se combinan una serie de circunstancias especiales. Es posible que si eres muy pobre y tienes cuatro hijos te concedan la casa”, señala Sánchez.

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