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Viviendas en primera línea de playa

Antes de adquirir una casa en primera línea conviene comprobar que no está edificada en suelo de dominio público

Viviendas en suelo de dominio público

Imagen: Jason and Kris Carter

Para frenar el doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral que amenaza con extenderse en toda su longitud la Ley de Costas redefine el concepto «ribera del mar» y lo amplía con respecto a la anterior legislación. La Ley establece que en la ribera del mar no puede haber ninguna propiedad privada, y señala una zona de 100 metros desde la orilla en la que está prohibido construir y donde las viviendas ya edificadas se someten a limitaciones. En áreas urbanas esta superficie es de, al menos, 20 metros. La Ley de Costas establece también una zona de influencia, de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, en la que se puede construir pero evitando aglomeraciones y la formación de pantallas arquitectónicas.

Para determinar qué terrenos son de dominio público marítimo-terrestre, la Administración lleva a cabo el deslinde. En este procedimiento, un experto delimita los trazados en la línea de la costa que separan el suelo que se considera privado y el que pertenece al dominio público. Si en este último espacio hay terrenos o viviendas, -independientemente del tiempo que lleven allí, incluso si están antes de que se promulgara la ley- sus dueños pueden perder la propiedad, aunque tienen la opción de permanecer como concesionarios de la vivienda por 30 años prorrogables otros 30.

La vivienda puede haber pasado de estar en una zona considerada privada o en la que existía un vacío legal a ubicarse en un suelo de dominio público

La aplicación de esta ley ha provocado una gran inseguridad a quienes tienen una casa en la playa, junto al mar o en un acantilado porque la vivienda puede haber pasado de estar en una zona considerada privada o en la que existía un vacío legal a ubicarse en un suelo de dominio público. Por este motivo, quienes deseen adquirir una vivienda en primera línea de playa tienen que poner mucha precaución a la hora de realizar un desembolso económico de ese calibre ya que pueden verse obligados a pagar la hipoteca de una casa de la que realmente no serán propietarios. Ni siquiera consultar el Registro de la Propiedad para comprobar que el inmueble está libre de cargas puede revelar al comprador que esté edificado sobre terreno de dominio público. Tampoco el notario ante el que se hacen los trámites de compraventa tiene por qué informar sobre este aspecto. Esto ha provocado que algunas personas hayan adquirido una vivienda junto a la playa, las dunas o un acantilado y se hayan enterado poco después por los vecinos o por una notificación judicial de que la propiedad no es realmente suya, con lo que vivienda de sus sueños se convierte en una pesadilla en la que los recursos administrativos y los procedimientos judiciales están a la orden del día.

En parajes protegidos

Al igual que mucha gente compra la vivienda sin saber que está edificada sobre suelo de dominio público, otras personas la venden de buena fe, simplemente porque se trata de una segunda residencia de la que han de desprenderse, porque necesitan comprar una nueva o por cualquier otro motivo. Sin embargo, otros saben que con el deslinde la vivienda puede dejar de ser suya, advierten el riesgo y se deshacen de ella lo más rápido posible. Las maneras de engañar al futuro comprador son muy variadas, pueden decirle que se marchan a vivir a otro lugar y que necesitan rápidamente el dinero para adquirir otra vivienda e incluso llegan a bajar bastante el precio, de manera que quien desee hacerse con la casa se sienta atraído por el chollo. De hecho, hay portales de Internet dedicados a la compraventa inmobiliaria que siguen anunciando viviendas afectadas por el deslinde. La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas calcula que en torno al 15% de las personas perjudicadas son ciudadanos extranjeros, en su mayoría jubilados europeos.

Se da la paradoja de que mientras algunas viviendas situadas en primera línea de playa han sido demolidas por incumplir la Ley de Costas, las grandes constructoras siguen edificando a lo largo de la costa incluso en parajes protegidos. Esto provoca un gran desconcierto entre los propietarios que ven con sorpresa cómo a la vez que su vivienda es demolida, cerca de allí se está construyendo una urbanización junto a la playa, una mansión en una cala o un hotel al borde de un acantilado.

ALQUILAR UN PISO EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA

No hace falta ser propietario de una vivienda en primera línea de playa para disfrutar de unas semanas de lujo junto al mar. A menudo, los veraneantes españoles y extranjeros optan por alquilar una vivienda durante la temporada estival. Agosto es el mes preferido por los turistas y en el que se suele pagar una renta más cara por una casa en la costa.

Las localidades del litoral español con los precios más baratos durante el mes de agosto de 2008 pertenecen a la provincia de Lugo: por 812 euros de media se puede pasar un mes en un apartamento de 65 metros cuadrados en San Ciprián, y por 857, en un piso de 80 metros cuadrados en Viveiro.

En el otro extremo se encuentra San Sebastián, la localidad con los alquileres más caros de la costa española. Estar todo el mes de agosto en un apartamento de 65 metros cuadrados en primera línea de playa de la capital guipuzcoana cuesta de media 5.200 euros, mientras que por uno de las mismas dimensiones en Hondarribia (Guipúzcoa) se pagan 4.875 euros.

Quien busque pisos de mayores dimensiones puede llegar a pagar 6.600 euros en Menorca, 4.950 euros en Ribadesella (Asturias) o 4.400 en Liencres (Cantabria) por viviendas de 220 metros cuadrados.

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