La presión ejercida por distintos organismos internacionales para que los paraísos fiscales reformaran su sistema financiero ante la crisis que vive el sector ha surtido efecto. Varios han decidido relajar su secreto bancario tras las acusaciones de que su sistema favorecía el fraude fiscal y el lavado de dinero.
Suiza, Austria, Bélgica y Luxemburgo han sido los últimos en acceder a realizar concesiones. Liechtenstein y Andorra llegaron a un pacto en el mismo sentido el pasado jueves. Estos anuncios se han producido ante la cercanía de la cumbre del G-20 de Londres, el próximo 2 de abril, y ante las perspectivas de revisión de la lista de países no cooperadores en materia fiscal que fue solicitada por Francia y Alemania, con el apoyo de otros países.
Austria, que cuenta con uno de los secretos bancarios más restrictivos de Europa, ha mostrado su disposición a abrir las cuentas de ciudadanos extranjeros en caso de sospechas de autoridades fiscales de otros países.
Andorra, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo han asumido igualmente los estándares de transparencia en materia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que Bélgica pondrá en marcha un nuevo sistema de intercambio de información fiscal tras las críticas de falta de transparencia.
Singapur, Hong Kong, la isla de Man o las islas Caimán son otros paraísos fiscales que han decidido promover la transparencia y el intercambio de información fiscal.
Satisfacción de la UE y la OCDE
La Comisión Europea ha acogido «con satisfacción» estos anuncios. «Damos la bienvenida a todos los gestos dados hacia la transparencia en materia fiscal», dijo Maria Assimakopoulou, portavoz de Fiscalidad del Ejecutivo comunitario.
Por su parte, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, destacó que las decisiones tomadas por esos países suponen un avance hacia «la supresión del uso abusivo de las disposiciones en materia de secreto bancario que facilitan el fraude fiscal». No obstante, advirtió de que muchas jurisdicciones todavía mantienen disposiciones que impiden la colaboración en materia de investigación fiscal.
