En las últimas semanas los españoles han asistido a jornadas de relativa calma, combinadas con días frenéticos en la economía. Las fluctuaciones en las Bolsas, los altibajos de la prima de riesgo, la rebaja que las agencias de calificación han hecho de la solvencia de la deuda española, las dudas sobre las entidades bancarias y el temor al contagio de la crisis griega han generado una situación de auténtico infarto. Ante este sobrecogedor escenario, el Gobierno solicitó el pasado sábado al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera la intervención, con el fin de sanear el sistema bancario. Y los ministros europeos acordaron dar hasta un máximo de 100.000 euros a la banca española. Pero, ¿qué consecuencias concretas podrá tener el rescate para los españoles? A continuación se detalla cómo previsiblemente se recortarán gastos en Sanidad, habrá un aumento de impuestos o se alargará la edad laboral.
Las consecuencias de la intervención
El Gobierno español solicitó el sábado el rescate a la Unión Europea, que aportará a la banca española hasta un máximo de 100.000 millones de euros para sanearse. La intervención supondrá, según los principales líderes de opinión, estar en manos de tres órganos: el BCE (Banco Central Europeo), la CE (Comisión Europea) y el FMI (Fondo Monetario Internacional).
El Gobierno de España podría perder gran parte de su potestad para hacer reformas y las riendas de la economía, según los expertos, se manejarán desde fuera
El Gobierno de España podría perder gran parte de su potestad para hacer reformas y las riendas de la economía, a juicio de los expertos, se manejarán desde fuera, a través de los tres órganos que representan a los acreedores y cuya principal misión es sanear el sistema financiero y cobrar su deuda. Para ello, es presumible que habrá que hacer recortes en todas las administraciones. Esto llevará a los ciudadanos a una situación económica más complicada, ya que lo más probable es que el rescate tenga, entre otras, las siguientes consecuencias:
Se recortará el gasto de las comunidades autónomas.
Ello supondrá una reducción de duplicidades entre las comunidades y el Estado, una disminución del tamaño del sector público autonómico… En este sentido, las agencias de calificación recelan de la falta de control del déficit de las comunidades autónomas.
Habrá recortes en Sanidad.
Es probable que se extienda el copago, es decir, que se establezca una cuota por cada vez que se acude a la consulta del médico. Además, es previsible que haya más pacientes para cada médico y se asigne un coste por utilizar el servicio de urgencias.
Habrá una reducción del gasto público.
Esto se traduce como una bajada de los salarios y una disminución en el número de empleados públicos.
Se producirá un aumento en la edad de jubilación.
Habrá reformas en el mercado de trabajo.
Se reducirán los salarios en la empresa privada, es probable que disminuya el coste del despido a menos de 20 días por año trabajado (como reclama la Comisión Europea) y se congelen o reduzcan las pensiones.
Disminuirá el número de empresas públicas y se extenderá la política de privatizaciones.
Habrá una contracción de la inversión pública.
Se establecerá una reforma tributaria más restrictiva, con impuestos indirectos más elevados.
A pesar de que el aumento de los impuestos indirectos puede dañar al consumo y al turismo, España tiene el segundo IVA más bajo de la UE, por lo que tiene margen para subirlo. Lo más probable es que se supriman gran parte de los tipos reducidos (el 8% y el 4%) que se aplican a ciertos productos.
Aumentarán las tarifas de la electricidad y de los impuestos especiales.
Se instaurarán los peajes en las autovías.
El copago en el tránsito por carreteras que no son autopistas ya está en funcionamiento en Cataluña y se va a poner en marcha en la Comunidad de Madrid.
