Purines

El exceso de excrementos porcinos se ha convertido en un problema medioambiental
Por EROSKI Consumer 24 de octubre de 2002

La carne de cerdo y todos sus derivados ocupan un lugar privilegiado entre los productos alimenticios más consumidos por la sociedad española. Todas las partes de su cuerpo cumplen una finalidad, excepto los purines o excrementos porcinos. El exceso de purín en las granjas deja de ser considerado abono para convertirse en una carga contaminante de graves consecuencias. ¿Qué hacer con los purines que sobran? La Administración Pública defiende la instalación de plantas de tratamiento de purines como la solución más efectiva al problema, primando la obtención de energía eléctrica. El sector ganadero, principal afectado por el problema, pone en entredicho la efectividad de esta medida al considerar muy elevado su coste y cuestiona el cumplimiento de las leyes pertinentes.

10 millones de toneladas de excedente

Purín es la mezcla de los excrementos sólidos y líquidos del ganado, las aguas residuales y los restos de comida de los cerdos. Es lo que tradicionalmente se ha utilizado como abono en la agricultura, una vez almacenados y vertidos los excrementos a terrenos de cultivo, para su fertilización. El problema se localiza en las zonas en las que hay una ganadería intensiva. En ellas, la cantidad de abono generado puede resultar contaminante. El purín generado en estos momentos se estima en casi 40 millones de toneladas anuales, de las que más de 10 millones son excedente. Estas cifras alarman al sector porcino español, un área productiva de gran trascendencia desde el punto de vista económico y social. La cría de ganado porcino en España factura anualmente más de 600.000 millones de pesetas, lo que supone el 14% de la producción final agro-ganadera y el 1% del Producto Interior Bruto español. El 19% de la producción europea se hace en España, desde donde se exportan 300.000 toneladas de carne al año.

El ganadero que desde siempre se ha dedicado a la producción de ganado porcino se ha preocupado más porque sus cerdos engorden que por sus excrementos. Nunca le importó la concentración de sus residuos en una determinada zona al considerarlos, equivocadamente, un bien natural, un abono fértil para la tierra, incluso se llegó a pensar que cuanto más abono mejor para la tierra. Sin embargo, cuando la Administración pública española y la europea toman medidas informando del peligro medioambiental que supone el exceso de purines, los ganaderos ven peligrar, por primera vez, la rentabilidad de sus granjas. Así, se toman las primeras medidas para hacer frente a los siguientes problemas:

  • Exceso de nutrientes (nitratos, fósforo y potasio) frente a las necesidades de fertilización del suelo agrícola en las zonas ganaderas.
  • Contaminación por nitratos de las aguas continentales en las zonas vulnerables (zonas contaminadas).
  • Existencia de un residuo voluminoso, en su mayoría agua.

Quien contamina paga

Normativa medioambiental

Estos problemas medioambientales generados por los purines en todos los países de gran relevancia en producción porcina en Europa, como lo son Holanda, Dinamarca, Alemania y Portugal, dieron origen a la Directiva 91/676/CE para la protección de las aguas continentales de la contaminación producida por nitratos. En ella se establece un nivel máximo de vertido de nitrógeno al suelo de 170 kilogramos por hectárea y año. En algunas zonas españolas el valor supera los 500kg/Ha.

Los contenidos de esa directiva se han recogido en la legislación española a través del Real Decreto 261/1996 sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. En él se establece que “la cantidad de estiércol aplicado anualmente no puede sobrepasar los 170kg de nitrógeno por hectárea en las “zonas vulnerables” o los 210 klg en el resto”. En España, las Zonas Vulnerables o contaminadas se localizan en determinadas comarcas de las Comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla León, Castilla – La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia.

Según esta regulación, todos los purines que no puedan destinarse a la agricultura pasan automáticamente a ser un residuo tipificado bajo el código 020106 del Catálogo Europeo de Residuos. Esto significa que estarán sometidos a los procedimientos y criterios de gestión que se han establecido para los mismos en las normativas españolas y comunitarias.

“Quien contamina paga”

Este es el principio que recoge la normativa europea , aunque no especifica cómo. He ahí el problema. Los ganaderos son los primeros afectados y responsables; ellos crean el problema y son quienes están obligados a deshacerse de él, pero desconocen la manera de hacerlo. La solución tradicional, basada en la aplicación del purín en la agricultura en áreas próximas a las granjas, ya no es válida. Por un lado, el elevado volumen de purín hallado en sus granjas y su alta concentración de nitrógeno requiere, para su descontaminación, procesos complejos y costosos que no pueden pagar. Por otro, se quejan de la ausencia de una reglamentación específica, como la de la definición de las zonas cuyos suelos no pueden aceptar nuevos vertidos de purín sin causar graves riesgos de contaminación. La ausencia de normativa impide que pueda obligarse a quienes generen purín a tratarlo de forma adecuada.

Desde del sector ganadero, Antonio del Barrio, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, manifiesta su voluntad de colaboración. “Apoyamos todo lo que sea reducir el impacto ambiental y ayudar a los ganaderos siempre y cuando se cumpla la Directiva de los nitratos que marca la UE”, afirma. “Los ganaderos están de acuerdo con el principio regulado por la UE Quien contamina paga. Somos los más interesados en que se solucione el problema. Nunca nos hemos negado a pagar. Cuando nos presenten una planta de tratamiento de purines que sea asumida económicamente por el ganadero, se respete el coste de kilo/carne y el líquido cumpla la normativa según la ley de aguas, tendrán nuestro apoyo”, reclama Del Barrio.

Por su parte, la Administración pública española estimula a la empresa privada a regular este problema a través de incentivos. Con este motivo ha establecido en los dos últimos años un marco legislativo en el que anima a la empresa privada en el desarrollo de desimpacto de purines cuando éstos no pueden ser gestionados por métodos tradicionales. Es decir, la Administración opta por convertir estos excrementos sobrantes en algo no contaminante. En un primer momento ofrecen su dinero a las empresas privadas para que investiguen, estudien los terrenos y planteen sus proyectos como soluciones reales al problema.

Este marco queda definido en la actualidad por la siguiente normativa:

  • El RD 324/2000 de ordenación de explotaciones porcinas contempla varias opciones para la gestión de estiércoles, entre las que cabe el secado artificial y otras.
  • La Ley 54/97 del Sector Eléctrico apunta que “tendrá consideración de producción en régimen especial la producción de energía eléctrica desde instalaciones de tratamiento y reducción de residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético”.
  • La Ley 54/97 y el Real Decreto 2818/98 del Régimen Especial establecen un sistema de incentivos como medio para abordar el tratamiento y reducción de los purines, entendiendo que se hace necesario internalizar los beneficios medioambientales de esta actividad. Este sistema de incentivos se materializa en una prima para la producción de energía eléctrica en régimen especial, marco en el que se encuadran las instalaciones de tratamiento de purines.
  • La Ley 54/97 establece los criterios que deben cumplir estas instalaciones para acogerse al régimen de incentivos:
    • Debe existir una contribución efectiva a la mejora del medio ambiente
    • Deben verificarse los ahorros de energía primaria y alta eficiencia energética que recoge el RD 2818/98
    • Las inversiones deben obtener una rentabilidad económica razonable
    • Las actividades de tratamiento y reducción que se realizan al amparo de los sistemas de producción eléctrica del Régimen Especial RD 2818/98 han de tener como denominadores comunes: su aplicación sólo a purines netamente identificados como excedente y la utilización de unos determinados procesos y cumplimiento de unas condiciones que garanticen el desimpacto ambiental.

Ante la necesidad de resolver un problema que parecía irresoluble por razones de índole económica, y tomando como referencia otros ejemplos en los que, para eliminar un residuo contaminante, el tratamiento suponía costos muy elevados al productor, se aprobó este Real Decreto para incentivar la construcción de plantas de tratamiento de purines.

Plantas de tratamiento de purines

Este tipo de plantas se perfila como la solución más efectiva porque no sólo resuelven el problema medioambiental de contaminación asociado a los purines, sino que contribuyen a la eficacia del sistema de producción de energía eléctrica y especialmente a la reducción de CO2, al sustituir combustibles convencionales por gas natural.

La Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental (ADAP), única en Europa, gestora de estas iniciativas, nació en Barcelona el 17 de noviembre de 2000 promovida por cinco empresas implicadas en el tratamiento de purines. En conjunto, este grupo de empresas factura al año 110.000 millones de pesetas aproximadamente, manteniendo un empleo estable de más de 3.400 personas. Las compañías son Corporación AGE, Guascor Explotaciones Energéticas, Ros Roca, Sener Grupo de Ingeniería y Sinae y Medio Ambiente, a su vez socios fundadores de la ADAP.

Su presidente, Jaime Beleta, explica que esta asociación nace “para contribuir a la ordenación de la actividad de desimpacto y por lo tanto a la sostenibilidad del sector ganadero, para ser interlocutor ante la Administración y el propio sector ganadero, y para coordinar y defender los intereses comunes de los socios”.

Las plantas de tratamiento de purines son instalaciones que, a través de varios procesos biológicos y fisioquímicos, permiten recuperar el contenido fertilizante del purín en forma de producto sólido, estable, transportable y almacenable. Para la ADAP, tanto el reciclaje como la obtención de energía ocupan un lugar preferente en la gestión de residuos. Jaime Beleta aclara que no se trata de un negocio especulativo. “Hay que tener en cuenta que viene dirigido por la Administración y la inversión inicial necesaria para la creación de una planta de estas características oscila entre 2.300 y 2.900 millones de pesetas. Se hacen estudios económicos a 15 años y para su puesta en marcha se piden créditos millonarios a los bancos”, detalla. “Por cada Klw/hora que se obtiene el Estado da una prima, así se entiende que se han tratado un número determinado de metros cúbicos de zona con excedente de purín”, añade.

Plantas actuales y planes de expansión

Actualmente existen seis plantas operativas en las siguientes localidades:

  • Masies de Voltgregá (Girona)
  • Alcarrás (Lleida)
  • Hornillos de Eresma (Valladolid)
  • Agreda (Soria)
  • Juneda (Lleida)
  • Altorricón (Huesca)

En los próximos años y dependiendo de las actuales necesidades de desimpacto de purines en zonas calificadas como vulnerables, está previsto que se pongan en funcionamiento en España medio centenar de plantas de tratamiento. Actualmente hay seis en construcción en las siguientes ciudades:

  • Santa María de Corcó (Barcelona)
  • Turégano (Segovia)
  • Langa de Duero (Soria)
  • Zaidín (Huesca)
  • Los Rábanos (Soria)
  • Guardo (Palencia)
  • Lorca (Murcia)

Aunque han surgido numerosas iniciativas empresariales para poner en marcha instalaciones, hay, en opinión de la ADAP, graves obstáculos que dificultan su materialización. Estos son los más importantes:

  • El precio del gas y de la energía eléctrica es muy alto, por lo que la rentabilidad de las plantas es muy ajustada. Se pide una revisión de las primas.
  • La mayor parte de las zonas rurales donde deben instalarse las plantas de tratamiento no cuentan con los medios necesarios para la evacuación de la electricidad generada.
  • Hay problemas para el suministro y distribución del gas natural, que están provocando la paralización de algunos proyectos.
  • Cada Comunidad Autónoma sigue sus propios procedimientos y el régimen de autorizaciones se hace muy complicado, de ahí el largo y costoso proceso de legalización de los proyectos. Las autoridades competentes deberían simplificar más los procedimientos.
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