Espacios naturales ¿protegidos?

Cristina Rabadán, experta en Red Natura 2000 de WWF/Adena, afirma que las Directivas de Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE) son las piedras angulares para que los países miembros de la Unión Europea (UE) cumplan su compromiso de detener la pérdida de biodiversidad en 2010 y alcanzar las metas globales del Convenio sobre la Diversidad biológica (CBD), para luchar también contra la pérdida global de biodiversidad.

/imgs/2008/02/lago1.jpgEntre las medidas de conservación de estas Directivas se incluye la creación de la red de espacios protegidos, denominada “Natura 2000”. Según María Ángeles López Lax, responsable de Asociación para la Comunicación e Información Medio Ambiental (ACIMA), la Red Natura 2000 pretende establecer corredores naturales en toda Europa para que las especies puedan moverse sin dificultad por ellos, “una vez comprobado el fracaso de proteger espacios cerrados (parques) como medida de preservación de la biodiversidad.”

Para cumplir los objetivos de esta red, cada estado de la UE tuvo que presentar unas listas de espacios que asegurasen la conservación de los taxones (grupo de organismos emparentados) y los hábitats de interés comunitario. Para ello se seleccionaron unas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas según la Directiva de Aves y unos lugares conocidos en su primera fase como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y posteriormente como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) para el cumplimiento de la Directiva de Hábitats.

En cuanto a la legislación española, la responsable de ACIMA señala que en los últimos años se ha producido un gran desarrollo de las leyes y tipologías que protegen a un determinado espacio natural, tanto en relación con los usos del suelo (Ley 8/2007), como de la naturaleza, como las recientes Leyes 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, precedidas por la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. En el ámbito autonómico, asegura esta experta, la legislación de protección de la naturaleza “no va mucho más allá que la estatal, es decir, no es más restrictiva o proteccionista.”

De esta manera, la red Natura 2000 ocupa actualmente alrededor del 20% de la superficie europea e incluye prácticamente todos los valores naturales destacables: Hábitats singulares como las dehesas y especies amenazadas como el lince ibérico son algunos de los mejores ejemplos.

En cuanto al tamaño de estas áreas naturales especiales, España, sin contar los espacios marinos cuya declaración va muy retrasada, tiene 1.430 LIC, con una superficie de 118.165 km2 (23,4% del total), y 563 ZEPA, lo que suponen 96.488 hectáreas terrestres (19,1%). Se trata de los últimos datos aportados por el Barómetro de la red Natura 2000, compilado por la Comisión Europea y actualizado en junio de 2007.

Antonio Vercher, Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, afirma que la protección legal de estas áreas es “correcta y suficiente”. Además, explica, la reciente ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “que antepone la protección del medio ambiente frente a la ordenación urbanística, va a suponer un instrumento básico para salvaguardar las zonas naturales de valor ambiental.”

Como prueba de ello, Vercher asevera que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo inició en 2006 “unas cuatro mil diligencias de investigación relativas a delitos medioambientales”, y aunque la estadística de 2007 aún no está cerrada, “pensamos que la cifra de este año será aún mayor”.

/imgs/2008/02/campos1.jpgAsimismo, detalla, en 2006 “el número de sentencias condenatorias ha sido muy superior al de las sentencias absolutorias. No tenemos constancia de ilegalidades referidas al cambio de protección de las áreas naturales, que hoy por hoy son intocables.”

Sin embargo, hay quien no comparte el optimismo del Fiscal de Medio Ambiente. Desde Ecologistas en Acción, Joaquín Reina asegura que la especulación con estos espacios protegidos para distintos usos, como urbanizaciones, campos de golf, etc., “es una realidad en prácticamente todas las Comunidades Autónomas (CCAA), a veces de forma absolutamente descarada y otras con más disimulo y decoro”.

Asimismo, denuncia, la obra civil de carácter público “no se queda atrás”: “El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) afectará a numerosos espacios naturales protegidos, especialmente a LIC sin consolidar suficientemente, ya que parece más fácil dar salida a proyectos de infraestructura que apuestan por modelos de transporte absolutamente insostenibles”.

María Ángeles López asegura que para que se construya una urbanización, un campo de golf o cualquier otro proyecto “basta con que su promotor realice un estudio de impacto ambiental a medida de sus necesidades y sin apenas posibilidades de fiscalización en vía judicial.” Asimismo, sostiene, el gobierno autonómico también puede declarar el proyecto de Interés Regional “para que se lleve a cabo en cualquier tipo de suelo, aunque haya sido declarado ZEPA, LIC o ZEC, y por un procedimiento muy rápido, sin apenas tiempo para recurrir antes de que entren las máquinas.”

La responsable de ACIMA subraya que esta situación está ocurriendo en varios lugares de España y pone como ejemplo Extremadura, donde ha estado recientemente: “La Junta ha reclasificado una ZEPA por las buenas, sin hacer informe que lo justifique ni solicitar la obligatoria desclasificación a la UE, para construir la consabida urbanización, golf, etc., y lo ha tramitado como Proyecto de Interés Regional.”

Por otra parte, López Lax también ha observado en la comunidad extremeña que ciudadanos procedentes de Alemania y Reino Unido están construyendo viviendas en suelo rústico, ya que según las CCAA, es posible a partir de dos hectáreas y media.

En este sentido, esta experta recuerda que los propios informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente reconocen el fracaso de la implementación de las Directivas Aves y Hábitats: “Si este consumo de suelo rural es difícil de parar en toda Europa, en España es aún peor, al ser nuestra economía dependiente de la construcción y el turismo, y por el sistema de financiación de los municipios, que se basa en las licencias de obras e IBI, ingresos muy superiores a los fondos que la UE destina a la protección de la Red Natura.”

Por su parte, los terrenos que se encuentran dentro de la Red Natura 2000 tampoco se salvan de este “boom urbanístico”, según Cristina Rabadán, si bien recuerda que cualquier proyecto en Natura 2000 “debe ser evaluado y si le afecta negativamente no se puede llevar a cabo. Además, explica, “la nueva ley de suelo ha dificultado la realización de grandes urbanizaciones en estos espacios.” No obstante, la experta de WWF/Adena reconoce que “hay muchos casos de urbanismo en Natura 2000 que actualmente están frente a los tribunales.”

En cuanto a los parques naturales, la especialista de ACIMA afirma que estos abusos son más difíciles de cometer, porque cuentan con “normas muy concretas de protección, un detalle exhaustivo respecto a los usos permitidos, y disponen de órganos de vigilancia y control como es el Consejo, cuya opinión no se pueden saltar tan fácilmente las administraciones.”

Las nuevas normativas y la concienciación ambiental apuntan a la ampliación de los espacios naturales protegidos. Sin embargo, este incremento no se produce, porque, en opinión de Joaquín Reina, responsable de Ecologistas en Acción, las CCAA, quienes ostentan las competencias en este sentido, “siguen entendiendo que estos espacios pueden llegar a ser un obstáculo para el desarrollo socioeconómico.”

Un ejemplo de ello son los espacios de la Red Natura 2000. Cristina Rabadán, de WWF/Adena, recuerda que la Comisión Europea ha detectado que algunos hábitats o especies en España no tienen suficientes LIC designados cómo para asegurar su conservación.

/imgs/2008/02/hayedo1.jpgPor otra parte, y a raíz de un informe de SEO/BirdLife del año 2000, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España porque no se habían designado suficientes ZEPA, que terminó en una sentencia condenatoria del tribunal de Luxemburgo el 28 de junio de 2007. En concreto, la sentencia indicaba que Canarias, Baleares y Andalucía habían designado una superficie demasiado pequeña en algunas ZEPA, y que Canarias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia no habían designado suficientes ZEPA.

Asimismo, Rabadán recuerda que España, como la mayoría de los estados miembros de la UE, va muy retrasada en la designación de los LIC y los ZEPA marinos, por lo que en su opinión se tendrán que declarar muchas en los próximos años.

En opinión de López Lax, esta situación supone que al final la protección de estos espacios quede en manos de las asociaciones ecologistas y vecinales, “con la ayuda de los Tribunales, dependiendo del grado de sensibilidad, a quienes se les ha conferido la tarea nada fácil de concretar y aplicar a la realidad los mandatos de protección de la naturaleza y la biodiversidad”.

En este sentido, la experta de ACIMA asegura que el sistema judicial y procesal en España “no dispone de herramientas ni personal adecuados para paralizar un proyecto que puede dañar a un espacio natural protegido mientras se sustancia el proceso, por lo que la protección de la naturaleza no depende tanto de las leyes ni de su exigencia ante los tribunales, sino de la voluntad política.”

El responsable de Ecologistas en Acción considera que para impedir estos abusos “hay mucho trabajo por hacer”. En este sentido, reclama para estos espacios “un salto cualitativo de una gestión pasiva a una activa”, para la que hace falta “corresponsabilidad, recursos y voluntad política”. Por otra parte, Reina recomienda ampliar la formación e información de la sociedad, para que se pueda controlar a las Administraciones Públicas.

/imgs/2008/02/casacada1.jpgEl Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo cree en la eficacia de la combinación entre sanciones administrativas y castigos penales: “Junto con la vigilancia legislativa, la mejor defensa medioambiental se asegura mediante el cumplimiento rotundo de nuestro ordenamiento. Las normas medioambientales son susceptibles de completar la norma en blanco que es el Código Penal a este respecto. Ya hay un Proyecto de Ley de reforma del mismo, en donde está previsto un aumento de penas en delitos contra el medio ambiente.”

La experta de WWF/Adena añade que la conservación de hábitats y especies precisa de una gestión integral del territorio que contemple a los seres humanos y sus actividades como a un factor más que incide del sistema natural, que no siempre tiene que ser negativo.

La responsable de la asociación ACIMA apunta a medidas técnicas y sociales. Por un lado, solicita una legislación europea más concreta, restrictiva y coherente con el resto de las políticas, en la que los poderes públicos no tengan tanto poder discrecional. Por otro lado, reclama la aplicación y el desarrollo efectivo del Convenio de Aarhus, que implique una mayor información y participación social.