Los conductores temerarios ingresarán en prisión. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, que persigue castigar más duramente determinados comportamientos en la carretera, con penas de cárcel en los casos de infracciones más graves.
La reforma, que pasará ahora por el Senado para su tramitación definitiva antes de final de año, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular, que ve excesiva la condena a los conductores. Los parlamentarios del PNV e Izquierda Unida se abstuvieron en la votación.
El texto eleva las faltas a delitos en varios casos: conducir a más de 200 kilómetros por hora en autovía, a más de 180 en carretera y a 110 en vía urbana; más de 1,2 g del alcohol por litro de sangre -actualmente el límite está en 0,5 g por litro-; o circular sin permiso por haber perdido todos los puntos del carné o no tenerlo. En estos supuestos se castigará con penas de tres a seis meses de prisión, multa de seis a 12 meses y trabajos a favor de la comunidad de 30 a 90 días.
Desprecio a la vida
Se prevén además sanciones de seis meses a dos años de cárcel para el conductor que «con temeridad manifiesta» ponga en peligro la vida o la integridad de las personas, y la pena se endurecerá de dos a cinco años si el que va al volante actúa «con consciente desprecio por la vida de los demás», según la interpretación que haga el juez.
Como novedad, se penará con seis meses a un año de prisión a los conductores que se nieguen a someterse a las pruebas de alcoholemia, drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Con hasta dos años de cárcel, multa de 12 a 24 meses y trabajos sociales de 10 a 40 días se castigará a quienes coloquen en la vía obstáculos imprevisibles, derramen sustancias deslizantes o inflamables, o quiten señalizaciones.
Faltarían cárceles
Las asociaciones de automovilistas han acogido con cautela y cierta preocupación la reforma del Código Penal aprobada por el Congreso. El RACE habla de juzgados colapsados y AEA, de cárceles.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) calcula que cerca de 50.000 personas tendrían que entrar cada año en las cárceles españolas con las nuevas medidas, cifra cercana a la actual población reclusa, lo que «supondría duplicar la actual dotación presupuestaria destinada a la creación de nuevos centros penitenciarios».
AEA señala que en 2004 Tráfico formuló 2.568.428 denuncias, de las cuales un 25% eran por exceso de velocidad (7.705 personas); un 3% por sobrepasar los límites de alcohol (19.263 personas), y un 8% por infracciones relativas al permiso de conducir (23.021).
Por su parte, el Real Automóvil Club de España (RACE) recuerda que en 1987 se modificó el Código Penal para que se sancionara penalmente a los conductores que no tuvieran permiso. «Fue un desastre. En pocos meses se colapsaron los juzgados y hubo que dar marcha atrás de forma precipitada», comenta Tomás Santacecilia, director de Seguridad Vial de este organismo.
Santacecilia no descarta que ahora pueda producirse algo similar. «Estamos de acuerdo con la reforma, pero no sobre cómo se va a poner en marcha. A toda prisa, sin agilizar el proceso sancionador, sin más agentes, sin reformar los juzgados, sin dotación económica. Va a pasar como con el carné por puntos, que al no sancionarse se ha acabado convirtiendo en una medida ‘light’, no efectiva».
