Representantes de discapacitados piden que la accesibilidad a las web de empresas privadas sea por ley

El objetivo es garantizar los derechos de los usuarios con discapacidad o mayores
Por EROSKI Consumer 2 de octubre de 2006

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto al Gobierno que la futura Ley de Impulso a la Sociedad de la Información obligue a que las páginas web de empresas privadas, a través de las cuales se efectúan operaciones de contratación electrónica, sean accesibles a las personas con discapacidad y de edad avanzada.

Hasta el momento, la obligación de accesibilidad afecta solamente a las páginas públicas de Internet, que han de serlo desde el 1 de enero de 2006.

Solicitan que se extienda la accesibilidad a las páginas de comercio electrónico antes del 31 de diciembre de 2009

Con la sugerencia del Cermi al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el mandato de accesibilidad se extendería a las páginas de empresas de comercio electrónico. El colectivo fija como plazo máximo para que estas web se hagan accesibles el 31 de diciembre de 2009.

Su propósito es garantizar plenamente los derechos de los usuarios con discapacidad o mayores que deseen adquirir productos y servicios a través de la Red.

Cermi recuerda que en EE.UU. la obligación de accesibilidad en el ámbito privado se extiende a todas las web de empresas que tengan establecimientos físicos abiertos al público.

Seminario informativo

Por otro lado, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, destacó en el la clausura del seminario informativo del Cermi sobre la convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad un «protagonismo muy importante» de España en la elaboración de este pacto de Naciones Unidas.

«Nuestra delegación ha luchado muy duramente para que existiera un articulado específico que hiciera referencia a las mujeres y los niños con discapacidad», subrayó Valcarce. La Convención, que recibió el visto bueno de la ONU a finales de agosto pasado, obligará a los gobiernos a adoptar medidas específicas a favor de los 650 millones de personas que sufren discapacidades en todo el mundo.

Los gobiernos deberán introducir cambios en sus legislaciones para mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas discapacitadas. También tiene como uno de los objetivos proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

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