La suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa ha cogido de improviso a los compradores de viviendas de esta inmobiliaria, muchos de los cuales temen ahora quedarse sin casa y sin las cantidades anticipadas.
Ante la situación que se ha creado, las asociaciones de consumidores recomiendan a los usuarios que han adquirido viviendas pendientes de su construcción que requieran a la empresa información sobre las entidades financieras que avalan las cantidades entregadas a cuenta.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda que en caso de que las casas no sean finalmente entregadas, los usuarios tienen derecho a recuperar la totalidad de la cantidad entregada a cuenta más el interés legal del dinero, conforme a lo establecido en la Ley 57/1968, de 27 de julio.
En cuanto a los consumidores cuyas viviendas ya hayan sido entregadas y detecten algún defecto de terminación, habitabilidad, estructura o cimentación, esta organización advierte de que puede darse la situación de que Martinsa-Fadesa «no asuma sus obligaciones para proceder a las obras de subsanación o al pago de las indemnizaciones por el coste de su realización».
En ese caso, «los afectados pueden dirigir sus reclamaciones a otras empresas o profesionales responsables, como agentes intervinientes en las edificaciones, los cuales pueden ser localizados en el certificado final de obra, así como a las compañías de seguros de estos», explica FACUA.
En relación a los defectos de estructura o cimentación, los usuarios también pueden ejercitar el seguro decenal que las promotoras están obligadas a contratar según la Ley de Ordenación de la Edificación.
Hasta el 20% del importe
En la misma línea, la Unión de Consumidores de España (UCE) recuerda la importancia de exigir avales a los promotores y constructores por las cantidades anticipadas, que pueden alcanzar el 20% del importe total de la vivienda (más de 24.000 euros).
«Estos anticipos corren el riesgo de perderse en aquellos supuestos en los que la constructora no inicie las obras o estas no se finalicen en el plazo previsto», comenta UCE. Por eso, teniendo en cuenta el actual contexto de incertidumbre inmobiliaria, «es muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario».
UCE recuerda la importancia de exigir avales a los promotores y constructores por las cantidades anticipadas
La legislación actual obliga a los promotores y/o constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberán entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.
Tanto la referencia al aval o contrato de seguros como la designación de la entidad financiera y de la cuenta a través de la cual debe hacerse entrega de las cantidades, deben especificarse en el contrato de compraventa.
12.500 familias afectadas
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estiman que la quiebra de la inmobiliaria puede afectar a 12.500 familias. A aquellas que tengan contratada ya una hipoteca, OCU les aconseja no dejar de pagarla para evitar una ejecución judicial por impago.
La organización propone que se apruebe una normativa que proteja a los usuarios en este tipo de situaciones. Sugiere que se declare a los consumidores afectados por una quiebra como «deudores preferentes», como lo son en estos momentos los bancos y la Seguridad Social.
La quiebra de la inmobiliaria puede afectar a 12.500 familias
Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha asegurado que «velará» por los derechos de los clientes de Martinsa-Fadesa. «El Gobierno y el Ministerio se mantendrán expectantes ante la situación de la inmobiliaria», dijo la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero.
La alto cargo del departamento que dirige Beatriz Corredor indicó que la inmobiliaria «tendrá que buscar una salida para renegociar sus créditos y cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos».
«La función del Ministerio ante este caso es velar por los derechos de los ciudadanos y la relación de Martinsa-Fadesa con sus clientes, para que cumpla con las garantías contractuales», insistió Romero, tras recordar que la empresa tiene obligación de concluir las viviendas que tenga en construcción.
