El Gobierno limitará el uso de pago en efectivo en las transacciones empresariales, aunque de momento, al menos en una primera fase, no lo hará entre particulares, según ha avanzado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, durante la inauguración de la jornada «Novedades fiscales» organizada por la Asociación para el Progreso y la Dirección (APD) y PricewaterhouseCoopers (PwC).
Ferre ha explicado que esta medida formará parte del plan de lucha contra el fraude. De hecho, la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había adelantado esta medida el pasado 5 de enero, aunque no había especificado ni el tipo de transacciones que se limitarán ni la cantidad en la que se fijará el límite. Ferre tampoco ha revelado esa cifra y ha asegurado que el Gobierno no la ha cerrado porque aún estudia los diferentes flujos de dinero para determinarla. De hecho, se ha limitado a decir que esta medida otorgará más información y transparencia sobre la actividad económica.
Otro de los objetivos de la lucha contra el fraude será aprovechar los mecanismos que ya existen en la legislación para obtener información de los contribuyentes que no cumplen a través de los convenios de intercambios de información ya firmados. La idea de Hacienda es diseñar un plan específico de aprovechamiento de información. De la misma forma, se fomentará el cumplimiento voluntario con el fisco y se plantearán medidas cautelares «más extensivas» en la vía recaudatoria. Hacienda pretende también otorgar más seguridad jurídica a las multinacionales con el objetivo de fomentar la inversión extranjera directa en España. Junto al plan de lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno pretende desarrollar otro tipo de medidas, como la Ley de Emprendedores, que se aprobará en el primer trimestre y que incluirá cambios fiscales en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades así como medidas laborales y de financiación que favorezcan la actividad de las pymes, que son, según Ferre, el «motor que hará moverse al país». En concreto, esta ley favorecerá el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el momento del cobro de las facturas y no antes, así como alguna deducción fiscal (como la de 3.000 euros para pymes que incluye la reforma laboral) o la posibilidad de establecer o ampliar el sistema de cuenta corriente tributaria a otras administraciones porque es «oportuno y beneficioso».
Ferre ha señalado que estas son las medidas que el Gobierno pretende implementar en el más corto plazo, aunque el principal objetivo es cumplir con la senda de consolidación fiscal y, una vez que se produzca, plantear revisiones en la política fiscal para devolver los esfuerzos a los ciudadanos. En este sentido, ha asegurado que a medio plazo la intención del Gobierno es analizar el sistema fiscal y algunos impuestos como el de Sociedades, que merece una revisión profunda, porque «algo pasa» con este tributo que registra caídas en la recaudación que no se corresponden con las caídas de Producto Interior Bruto (PIB).
