Denuncian la delicada situación de los centros especiales de empleo para discapacitados por la demora en el pago de las subvenciones

El retraso de las ayudas alcanza los 24 meses en algunas comunidades autónomas
Por EROSKI Consumer 27 de septiembre de 2011

Los centros especiales de empleo han manifestado su rechazo al retraso de los pagos de las subvenciones y ayudas por parte de las administraciones públicas. Según un estudio elaborado por la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), el tiempo medio de demora en el pago de las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo se sitúa entre los 8 y 24 meses en más de diez comunidades autónomas.

Advierten de que los mayores retrasos se producen en Andalucía, donde los aplazamientos oscilan entre los 18 y los 24 meses de media y la cantidad adeudada asciende a más de 8 millones de euros. También señalan que las demoras alcanzan los 24 meses en la Comunidad de Madrid y que la situación no es mucho mejor en Comunidad Valenciana y Baleares, donde los retrasos se cifran en unos 15 meses de media. Las otras regiones que acumulan demoras superiores a los 11 meses son: Galicia, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

AFEM, que representa a 108 centros especiales de empleo, explica que esta situación de desequilibrio territorial provoca desigualdades entre la población discapacitada, que ven condicionados sus derechos y oportunidades de empleo según la región en la que viven. También denuncian retrasos en el pago de otras subvenciones, como las destinadas a la financiación de proyectos generadores de empleo o las de las unidades de apoyo a la actividad profesional.

Por ello, reclaman al Estado y a las administraciones regionales una solución a esta situación que pone en peligro la pervivencia de los centros especiales de empleo y que podría comportar la destrucción de puestos de trabajo entre el colectivo de personas discapacitadas. Recuerdan que los socios de AFEM han cumplido su compromiso por el empleo estable y que han mantenido los puestos de trabajo destinados a este grupo social, acciones que han sido posibles, en parte, gracias a las medidas aprobadas por el Gobierno en noviembre de 2009.

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