Cuando se apruebe la nueva Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, el Gobierno podrá impedir el acceso desde España a servicios o contenidos internacionales cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente, según anunció el ministro de Industria, José Montilla.
El ministro intervino ayer ante el XX Encuentro de las Telecomunicaciones y avanzó la transposición de nuevas directivas europeas referentes a la conservación y tratamiento de datos de carácter privado para aumentar la seguridad de los ciudadanos, y que supondrán la eliminación de infracciones administrativas obsoletas.
La nueva legislación revisará las reglas de comprobación de validez de la firma electrónica y obligará a los proveedores de servicios telecomunicaciones a informar sobre los medios técnicos que permiten su protección contra virus o programas espía. La firma electrónica será obligatoria para los que contraten con la Administración del Estado, y el Ministerio de Economía y Hacienda creará oficinas gratuitas que garanticen a todos la posibilidad de facturar electrónicamente. También se adecuará la utilización de la telefonía móvil para realizar contrataciones electrónicas.
Respecto a los derechos de los consumidores, Montilla explicó que los suministradores de servicios deberán facilitarles un medio de interlocución telemática y se tipificará como infracción administrativa el incumplimiento de los operadores de telecomunicaciones de los derechos de los consumidores.
El ministro de Industria dijo que, también en los próximos meses, se dará a conocer el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual para potenciar la industria de contenidos digitales en España.
Con todas estas medidas, Montilla espera consolidar el Plan Avanza de convergencia de la Sociedad de la Información con Europa que, dijo, para 2007 contará con más recursos que en 2006, que fueron de 1.200 millones de euros.
