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El precio de los CDs vírgenes aumenta un 25% tras imponerles el canon por copia privada
La decisión de aplicar un canon sobre los CD y DVD grabables con la excusa de que la mayoría se utilizan para grabar música ha levantado airadas protestas entre diversos colectivos de internautas y asociaciones del sector informático. Lo que para unos constituye un robo, que hace pagar a justos por pecadores en el contexto de la lucha contra la piratería, para otros (los promotores) es una ecuánime recompensa para los creadores.
El consumidor que ha adquirido un CD virgen para grabar música habrá notado un sustancial aumento en su precio. El mismo aumento que asumirá el que compre el mismo CD-R (grabable) para guardar fotos, copiar programas informáticos o almacenar cualquier tipo de archivos. Las entidades de gestión de derechos españolas y los fabricantes de CD-R y DVD-R han acordado la imposición de un canon que hará subir 0,17 euros el precio de los CD-R y 0,60 euros el de los DVD-R/W. Se usen o no para grabar música.
Aunque el precio de los CD-R ha bajado sustancialmente, hasta situarse en unos 0,50 euros, el nuevo canon ha provocado un fuerte rechazo. Desde muchos frentes se tacha el impuesto de injusto e inútil, pues hace pagar a justos por pecadores y no resuelve ninguno de los problemas que la piratería de música ha traído a la industria. Para entender el alcance de la medida es útil conocer los 'actores' implicados:
La extensión del canon que ya pagaban los soportes analógicos comenzó a tomar forma en enero de 2002, cuando un juzgado de Barcelona obligó a la empresa fabricante de CDs vírgenes Traxdata Ibérica a pagar un canon a la SGAE por cada disco fabricado desde 1997. Como otras empresas estaban inmersas en pleitos similares, Asimelec (Asociación que representa a distribuidores de CD-R y DVD-R) llegó un acuerdo privado con las entidades de gestión tras meses de negociación.
Mediante este pacto, Asimelec se compromete a gravar los CD-R y DVD-R vendidos a partir del uno de septiembre, a cambio de evitar reclamaciones sobre los soportes comercializados anteriormente. La asociación asegura que la imposición del canon es un "mal menor" consecuencia de "una ley anticuada y de muy difícil interpretación, así como a un escenario complejo con riesgo de acciones legales".
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