
Lidia Barrio es abogada experta en
derechos del consumidor y ha llevado numerosos contenciosos ante los tribunales por temas de
multipropiedad. Conoce bien este negocio y asegura que se siguen aplicando las mismas estrategias
agresivas para convencer a los usuarios de que firmen unos papeles “que les vinculan de por vida a
una propiedad que nunca será suya”. Recomienda prudencia, sangre fría ante las presiones de los
vendedores y evitar firmar cualquier papel sin haberlo leído detenidamente. Y si se firma, acudir
inmediatamente a un abogado o a una asociación de consumidores para asesorarse sobre los derechos
del usuario en estos casos.
La ‘multipropiedad’ comenzó a
regularse con la Ley aparecida en el año 98 sobre Derechos de Aprovechamiento por turno, que es el
nombre legal del negocio. Esta ley adapta una directiva europea de 1994 en la que se pedía regular
el sistema. El problema en muchos casos es que la multipropiedad es un negocio que funciona en los
países del norte, pero que se regula en los del sur, que es donde están las viviendas aprovechadas
por turno, con lo que todos los trámites y gestiones se alargan por la distancia.
No lo es; la Ley dice expresamente
que el término es ‘aprovechamiento por turno’, precisamente para subrayar que el término
‘multipropiedad’ es incorrecto, puesto que no se trata de compartir ninguna propiedad, sino de
adquirir un derecho a usar una propiedad.
“La Ley dice expresamente que el término es ‘aprovechamiento por turno’, precisamente
para subrayar que el término ‘multipropiedad’ es incorrecto”
No somos dueños de la casa, y por
eso se prohíbe expresamente en la Ley el concepto de multipropiedad.
El dueño es el vendedor, que no
tiene que ser el que comercializa el negocio, ni tampoco el que lo explota como administrador de la
propiedad. Es alguien que adquiere un espacio y le da este régimen de funcionamiento durante 50
años como máximo, que es lo que estipula la Ley. Una vez vencido el periodo por el cual la
propiedad tenía este régimen de funcionamiento, pasa a ser una propiedad normal en manos de su
propietario, y los compartidores pierden todos sus derechos sobre la misma de manera automática.
El derecho de uso durante un
periodo que viene expresamente determinado en el contrato; este derecho de uso se inscribe en el
Registro de la Propiedad.
En el contrato tiene que figurar
el periodo por el que se establece su vigencia: un mínimo de tres años y un máximo de 50 años. Si
alguna de las partes rompe el contrato sin que éste haya finalizado, debe indemnizar a la otra. En
el caso del propietario, debería estudiarse la compensación en función de los daños causados.
“Cuando el contrato termina, los compartidores pierden todos sus derechos sobre la
propiedad de manera automática”
La ley concede el ‘derecho de
destimiento’ en los diez primeros días, pero más allá el usuario queda vinculado, salvo que el
contrato no tenga todas las menciones que le obliga la Ley a tener; en ese caso, el contrato se
puede romper en el periodo de los primeros tres meses. Posteriormente, se entiende que el usuario
acepta las condiciones por el periodo por el que ha firmado el contrato.
Básicamente dos: el contrato por
adquisición del derecho a usar de manera compartida la vivienda, y el contrato con la empresa que
se encargará de administrar y mantener la vivienda y los servicios añadidos. Además, se puede
firmar otro contrato donde se adquiere el derecho a entrar en la bolsa de intercambio; esto es, si
el usuario quiere cambiar de destino vacacional cada año. En estos casos se paga una cuota extra.
“Los precios son libres y es difícil encontrar referencias comparativas; si se acepta el
precio fijado por la empresa, hay que ser conscientes de que éste puede ser muy superior al valor
real del inmueble”
La cláusula relativa al precio
contempla: la entrada y las cuotas anuales por adquisición del derecho de uso compartido, los
honorarios notariales, los del registro de la propiedad y los del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), que en estos casos es un 7%.
Los precios son libres y es
difícil encontrar referencias comparativas. Si se acepta el precio fijado por la empresa, hay que
ser conscientes de que éste puede ser muy superior al valor real del inmueble. Lo recomendable es
comparar con otras empresas del mismo tipo y en zonas parecidas a las que nos ofrecen, aunque este
tipo de información no suele ser fácilmente accesible.
Si sería recomendable, pero no
sucede por la gran distancia entre unos y otros; puede haber compartiendo una casa gente de
Sudáfrica, Holanda, España o Reino Unido. Está la diferencia idiomática y está la distancia… De
eso se han aprovechado, precisamente, en el último caso de fraude en la Costa del Sol.
“En todos los casos, lo mejor tras haber firmado es acudir a una asociación de
consumidores, a un servicio municipal de atención al consumidor o a un abogado”
Sí sigue ocurriendo así, con la
llamada en la que te dicen que te ha tocado un premio y que te convocan para una reunión en un
hotel. Allí comienza la estrategia de convencimiento, que a veces roza la coacción, para que firmes
los documentos del contrato… No es un procedimiento ilegal, porque al fin se supone que el
usuario firma de forma voluntaria.
El usuario debe darse cuenta de
que se ha metido una operación que además de ser costosa es para toda la vida; además, las empresas
no informan de que a pesar de a haber firmado los papeles, los usuarios tienen diez días para
desistir, y que durante esos diez días está prohibido pagar ninguna letra. Muchas veces ponen en el
pliego del contrato que el usuario se puede acoger a los artículos 10 y 11 de la Ley, pero no
explican qué dicen esos artículos o lo explican en letra minúscula. Esos artículos hablan del
periodo de desistimiento y de los tres meses para romper el contrato si éste no especifica todo lo
que la Ley le obliga a contemplar. En todos los casos, lo mejor tras haber firmado es acudir a una
asociación de consumidores, a un servicio municipal de atención al consumidor o a un abogado, al
menos para verificar que todos los papeles están en orden y para saber cuáles son nuestros
derechos.