El Instituto Nacional del Consumo (INC), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado un convenio de colaboración para establecer una cooperación permanente entre la Administración estatal y las locales, con el fin de desarrollar políticas de interés común en el área de la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Dentro de este convenio se ha creado un órgano permanente de cooperación institucional para que los ayuntamientos puedan plantear iniciativas de política de consumo a la Administración del Estado.
El objetivo general del convenio es establecer un marco de colaboración entre ambas partes para el diseño y desarrollo de políticas de interés común en los ámbitos local y estatal en el área de la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Esta colaboración abarcará la formación e información de los consumidores, la resolución de conflictos (Sistema Arbitral de Consumo), la seguridad de productos, el seguimiento de las consultas y reclamaciones recibidas por las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de ordenación del consumo.
En el nuevo órgano, a través del cual se institucionalizarán las relaciones y la cooperación interadministrativa, se planificarán actuaciones conjuntas de la Administración del Estado y las administraciones locales dentro de sus ámbitos de competencia y se evaluarán informes sobre las normas en elaboración que afecten al ámbito municipal en materia de consumo.
El instrumento también servirá de cauce para distribuir información de interés para las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), para transmitir criterios consensuados de actuación en el control de mercado y para establecer una red con herramientas informáticas que facilite la gestión de las actuaciones que se decidan en materia de protección de los consumidores.
El Ministerio de Sanidad y Política Social explica que las competencias sobre consumo en el Estado español están compartidas por tres administraciones (estatal, autonómica y local), pero en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las administraciones locales no existía hasta ahora ningún órgano que facilitara la cooperación y coordinación entre ellas para «garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores».
