A mediados de año aproximadamente se pondrá en funcionamiento la Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos, según afirma el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este organismo «velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios frente a las compañías suministradoras de energía y contribuirá a que los ciudadanos cuenten con un servicio de calidad», asegura el departamento que dirige Miguel Sebastián.
La creación de este organismo, que dependerá de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se inspira en la británica Energywatch. Sus principales funciones serán informar y atender al consumidor de productos energéticos, resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes, e informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios y, en su caso, proponer mejoras regulatorias que eviten que estas situaciones se reproduzcan.
«La Oficina servirá para mejorar la protección de los derechos de los consumidores frente a las compañías encargadas del suministro de energía, contribuirá a mejorar la calidad del servicio que prestan y redundará en una mayor competencia en el sector energético», insiste el Ministerio.
Este departamento recuerda que en julio entrarán en vigor las tarifas eléctricas de último recurso, que sustituirán a las actuales tarifas integrales y supondrán que se complete el proceso de liberalización del sector. «La transición desde un modelo regulado a otro liberalizado, impuesto por la normativa comunitaria y española, hace necesaria la creación y puesta en marcha de un órgano público de información, atención y arbitraje que actúe con plena eficacia desde el comienzo del nuevo marco normativo», concluye.
