La prestación de 426 euros para los desempleados se prorrogará seis meses más

La medida se aprobará en la próxima reunión del Consejo de Ministros y se prevé que beneficie a 200.000 personas
Por mediatrader 9 de febrero de 2010

El Consejo de Ministros del próximo 12 de febrero aprobará la ampliación durante seis meses más de la prestación de 426 euros para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención ante la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta.

Esta prestación la reciben en la actualidad 300.000 personas y, con la prórroga, se prevé la incorporación de otras 200.000, señaló Rodríguez Zapatero, que recalcó que «merece la pena hacer ese esfuerzo de cohesión por la sociedad». La ayuda continuará con su duración de seis meses para cada beneficiario y sólo se disfrutará una vez.

También se abordó la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno a los agentes sociales y que el presidente calificó de «pacífico» y pensado «para el diálogo y para el acuerdo social». Señaló que el texto propuesto busca la concertación y mantener la paz social. El «gran reto» de la reforma es acabar con la precariedad laboral y la excesiva temporalidad, el «problema capital» del mercado de trabajo español, añadió.

Otro tema importante en la intervención del presidente fue la Ley de Economía Sostenible, que tiene como fin cambiar el modelo productivo. Esta ley se remitirá en breve al hemiciclo, anunció el presidente, quien soslayó el «necesario respaldo de todas las administraciones públicas al plan de reducción del déficit», el plan de austeridad que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas -un «plan riguroso, que vamos a cumplir», según sus palabras- e inicie el camino de la recuperación económica y la consolide este 2010, vaticinó Rodríguez Zapatero.

Sobre la propuesta de reforma del sistema público de pensiones, el presidente pidió un debate «sereno y racional» y aseguró que ésta «no se debe a ninguna urgencia», sino que tiene la vista puesta en 2030. Explicó que se pretende abordar un problema demográfico porque, con el envejecimiento de la población y el aumento progresivo de las pensiones más bajas, es previsible que las pensiones se lleven más de un 10% del PIB en el futuro.