Los trabajadores y pensionistas declaran a Hacienda un 75% más que los pequeños empresarios

Para los técnicos del Ministerio de Hacienda, esta brecha parece ocultar un "fraude fiscal estructural y masivo"
Por EROSKI Consumer 2 de agosto de 2011

Los trabajadores y pensionistas declararon el pasado año 19.359 euros de media, lo que supone un 75% más que lo declarado por los pequeños empresarios y los profesionales liberales, que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros, según se desprende de la III edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010. Los ingresos declarados por los microempresarios se movieron también por debajo del mileurismo, situándose en una media de 10.832 euros, es decir, los trabajadores y jubilados declaran un 79% más que ellos.

«La crisis en 2009 afectó a los profesionales y pequeños empresarios, que redujeron sus beneficios, sufrieron pérdidas, e incluso su número neto disminuyó en 73.991 declarantes, pero la crisis también afectó a los trabajadores, hasta aumentar el número de desempleados en 1.118.600 personas solo en 2009», señaló el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Para Mollinedo, «no es creíble que durante los últimos 16 años, década de expansión económica incluida, un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado por citar algunas profesiones liberales bien remuneradas».

El estudio de Gestha, que analiza las diferencias entre las rentas netas declaradas por empresarios y asalariados en una serie histórica desde 1993, refleja cómo la brecha entre ambos colectivos se ha incrementado año tras año hasta alcanzar su mayor diferencial en este último ejercicio, debido a la existencia de un «fraude fiscal estructural y masivo» entre los autónomos que tributan de media en el IRPF por debajo del mileurismo. En opinión de Gestha, esta brecha fiscal entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios evidencia que el «componente estructural del fraude fiscal tiene mucho mayor peso que el componente coyuntural de la crisis económica», aunque reconoce que la crisis también ha influido, como lo demuestran los 22.785 autónomos que causaron bajas netas en la Seguridad Social en 2009.

Por comunidades autónomas, las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados/pensionistas y los pequeños empresarios/profesionales liberales se localizan en la Comunidad de Madrid (10.776 euros), Asturias (9.815 euros), Cataluña (8.765 euros), Cantabria (8.666 euros), Galicia (8.578 euros), Castilla-La Mancha (8.319 euros), Andalucía (7.600 euros), Baleares (7.448 euros) y Castilla y León (7.401 euros). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas son Murcia (6.871 euros), Comunidad Valenciana (6.480 euros), Canarias (5.984 euros), Extremadura (5.545 euros), Aragón (5.452 euros) y La Rioja (5.401 euros).

Propuestas para atajar el fraude

Sin embargo, aunque estas cifras parecen revelar un fraude fiscal entre los autónomos, los técnicos de Hacienda indican no debe olvidarse que estos apenas representan el 8,6% del total del fraude fiscal en España, al ser titulares generalmente de pequeños negocios. Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado «está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país».

Para atajar el fraude de autónomos y grandes empresas, Gestha propone la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, con la verificación todos los años de los resultados de la AEAT y la IGAE.

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