De entre los gastos que deden asumir los consumidores, los relacionados con la luz y el gas son los que más traen de cabeza. El principal problema es que, en caso de estar en el mercado regulado de la electricidad, las facturas eléctricas varían mes a mes en función de los costes del mercado mayorista. Es decir, resulta complicado planificar bien los gastos. Si a esto se le suman los inconvenientes por demorarse en el pago de los recibos, la situación puede tornarse muy desagradable, pues podría acabar en cortes de luz. En caso de verse en una situación así, ¿es posible solicitar alguna ayuda? Este artículo explica cómo es el nuevo bono social eléctrico y cómo son los seguros de protección de pagos para la factura de la luz y del gas.
¿Cómo es el nuevo bono social de la luz?
Los hogares que se encuentren en una situación que les acerque a la pobreza energética pueden recurrir al nuevo bono social que ofrece el Gobierno. Este es el nombre con el que se conoce a la ayuda que permite reducir el coste de las facturas de la luz y ampara en situaciones límite.
¿En qué consiste? El nuevo bono eléctrico, aprobado en octubre, contempla descuentos en la factura de la luz en función de la renta; y no por otros parámetros que antes se usaban como tener contratada poca potencia, percibir la pensión mínima y estar todos los miembros de la familia sin empleo. Las familias numerosas y los pensionistas con la retribución mínima también pueden solicitar el bono.
Así, el nuevo bono eléctrico recoge la figura de consumidor vulnerable, que se beneficiará del 25% de descuento en la factura de la luz. Además, reconoce la figura del consumidor vulnerable severo, al que se le aplicará el 40% de rebaja en la factura de la electricidad, aunque el descuento podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión.
Según las nuevas directrices para el bono social eléctrico, un consumidor vulnerable es aquel con una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. Si tiene un menor a su cargo, la cuantía máxima para poder beneficiarse del descuento será de 1.074 euros. Y el límite sube a 1.343, si existen dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo se incrementa en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo. Ahora bien, cuando los ingresos no llegan al 50% de los fijados para el consumidor vulnerable, este será considerado «vulnerable severo».
El nuevo bono social eléctrico también introduce novedades en caso de impago: las compañías no podrán eliminar el suministro a quienes se encuentren en riesgo de exclusión social. ¿Y qué ocurre con el resto de consumidores vulnerables? Para ellos, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses.
Seguros de pago, la apuesta de las compañías para todos
No todas las personas forman parte de uno de los grupos que pueden acceder al bono social de la luz. ¿Existen otras vías? Algunas compañías eléctricas tienen una solución: los seguros de protección de pagos. Con ellos, las principales empresas cubren por menos de dos euros al mes hasta 1.300 euros en las facturas de luz y gas. Pero, como siempre, hay condiciones.
En primer lugar, tiene un periodo de carencia de 30 días y no cubre a mayores de 99 años. Además, esta póliza cubre una cuantía diferente en función de la circunstancia en la que se esté. En este caso, se traza un plan en función del problema (desempleo, incapacidad, hospitalización…) y la edad del asegurado. De esta forma, mientras una persona menor de 64 años recibe 800 euros en caso de fallecimiento por cualquier causa, una de más de 64 años que muera por accidente percibe la máxima compensación (1.300 euros).
Pero la situación de desempleo también tiene sus particularidades. La principal es que solo cubre si a la persona le han despedido de forma improcedente o por reducción de plantilla, si tenía un contrato indefinido o si está registrado en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Además, solo podrá solicitar la ayuda en un par de ocasiones: la primera, tras estar 30 días sin trabajo; y la segunda, si llega a los 210 días consecutivos en esta situación.
En definitiva, hay que pensar bien si compensa añadir este suplemento a la tarifa. Y es que, por muy barato que sea, tal vez no se llegue a usar nunca. Por lo que, si al consumidor le da respeto no poder pagar las facturas, lo más inteligente es revisar si puede acceder a una modalidad más económica que le permita ahorrar todo el año, sin necesidad de ayudas sociales.
Aunque el gas natural está presente en cinco millones de hogares españoles, a día de hoy no existe un bono social que proteja en caso de vulnerabilidad. No obstante, en septiembre se logró que el Congreso de los Diputados apruebe tramitar una ley con la que cambiar esta situación.
