Una veintena de asociaciones e instituciones firmaron ayer la «Declaración de Madrid», un documento impulsado por el Defensor del Menor de esta comunidad, Pedro Núñez Morgades; la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), y el Observatorio Europeo de la Televisión Infantil para que las cadenas contemplen la educación de los niños.
Organizaciones de padres, profesores, espectadores, consumidores, ONG y sindicatos han secundado este manifiesto que llama a la reflexión para que los canales de televisión utilicen en positivo su capacidad y asuman la responsabilidad de educar a los más pequeños. Todas estas entidades han mostrado su preocupación «por el progresivo deterioro sufrido por los contenidos de la programación televisiva y la ausencia de alternativas sólidas para favorecer el desarrollo de la infancia y la juventud».
El manifiesto, que ha sido traducido a ocho idiomas y en varios meses se presentará en otras tantas ciudades del mundo, pide el cumplimiento de la legislación nacional e internacional recogida en la Directiva de Televisión sin Fronteras, que fue adaptada a la legislación española. Se exige que este cumplimiento se haga efectivo no sólo por parte del Estado, sino también por las empresas privadas.
Consejo Audiovisual
La creación, cuanto antes, de un Consejo Audiovisual de carácter estatal, es otra de las peticiones. Este organismo, independiente y plural, debería supervisar el cumplimiento de la legislación y tener capacidad sancionadora, según se expone en la «Declaración de Madrid». Asimismo, se pide que este consejo potencie la autorregulación, defienda la libertad de expresión, proteja a la infancia, y recoja las demandas de la ciudadanía.
El diseño de un plan de educación global en materia de comunicación que asegure la formación y el uso de los medios y de las tecnologías de la información (particularmente el uso de Internet y juegos electrónicos); el reconocimiento de la educación en comunicación y la enseñanza de los medios y las tecnologías en los programas escolares son otras propuestas.
También se solicita a los gobiernos una política de comunicación que garantice la pluralidad de oferta y la elaboración de contenidos de calidad útiles para la educación e innovadores y positivos para la infancia. La Declaración propone además el diseño de programaciones específicas para la infancia según niveles de edad.
