El Banco Mundial y el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia (EE.UU.) presentaron ayer el estudio «Puntos conflictivos de Catástrofe: Un Análisis de Riesgo Global», que, según sus propias palabras, pretende ser «una herramienta» para prevenir los efectos de los desastres naturales y poner en marcha políticas que contribuyan al desarrollo de las zonas con mayor riesgo.
Investigadores de la Universidad de Columbia, del Banco Mundial y del Instituto Geotécnico de Noruega, entre otros, han estudiado durante cuatro años los riesgos, en lo económico y para la población, de las sequías extremas, las inundaciones, los volcanes, los ciclones, los deslizamientos de tierra y los terremotos. Su conclusión es que alrededor de 3.400 millones de personas viven en áreas que pueden verse afectadas por al menos uno de los más de 600 desastres naturales que ocurren cada año a nivel global.
En concreto, Taiwan puede ser considerado como el lugar de la Tierra más vulnerable a peligros naturales, al estar el 73% de su población y territorio expuesto a tres o más de los seis fenómenos analizados, según el informe. En Burundi, Bangladesh, República Dominicana, Haití, Honduras o El Salvador, entre otros países, más del 90% de su población reside en áreas con alto riesgo de muerte a causa del efecto de dos o más desastres naturales.
Maryvonne Plessis-Fraissard, directora de Transporte y Desarrollo Urbano del Banco Mundial, señaló durante la presentación del informe que para anticipar y reducir el efecto devastador de un peligro natural es fundamental una buena política de gobierno, de gestión de riesgos y de recursos. En este sentido, comparó los casos de Japón y Perú, dos países que tienen un nivel similar de vulnerabilidad y en los que, sin embargo, se registra una docena o menos de muertes al año por fenómenos naturales en el primero y más de un millar en el segundo.
Por otro lado, Plessis-Fraissard explicó que el estudio es de gran importancia para la labor del Banco Mundial. «Es importante porque la gestión del riesgo no es sólo un asunto de asistencia humanitaria, sino también de ayuda al desarrollo», subrayó. Agregó que esta institución, que ha prestado unos 43.000 millones de dólares para unos 450 proyectos relacionados con desastres naturales, quiere pasar de forma paulatina de una actitud de reacción a las catástrofes a otra tendente a incorporar el riesgo de desastre dentro de una estrategia más amplia de desarrollo.
