El Gobierno podrá revocar la declaración de un territorio como Parque Nacional si se incumplieran «reiteradamente» los objetivos para los que se creó o se alteraran las características que le valieron tal protección. Así figura en el borrador del anteproyecto de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que ayer presentó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a los consejeros homónimos de las comunidades.
Ésta es una de las formas de intervención que el Estado mantiene después de que el Tribunal Constitucional sentenciara que la gestión de estos espacios naturales protegidos corresponde a las comunidades y rechazara la gestión compartida entre ambas administraciones que se venía realizando hasta ahora. Las primeras autonomías en gestionar exclusivamente sus parques nacionales serán Andalucía (Doñana y Sierra Nevada) y Baleares (Cabrera). Según Narbona, estas dos comunidades son las que están en la «fase final» para llegar a un acuerdo sobre la transferencia de medios materiales y humanos, y el resto espera que pueda ser una realidad a lo largo del próximo año.
El parque que más dificultades presenta para su transferencia es el de Picos de Europa por estar en territorio de tres comunidades (Asturias, Cantabria y Castilla y León). En este sentido, la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente es crear un consorcio para garantizar la unidad de gestión en la que participen las tres comunidades y la Administración, pues éste es el único caso en que la sentencia del Constitucional permite la participación del Estado.
En el resto, la única inversión será la de la cantidad que acompañe al traspaso de las competencias, algunos programas «de carácter horizontal» que financiará el Ministerio, como pueden ser mejora de instalaciones o investigación tecnológica, y las subvenciones que a través de los Presupuestos Generales del Estado seguirán recibiendo los municipios del entorno.
El anteproyecto de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge además la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para la conservación y restauración de los recursos naturales y la creación de una Comisión Nacional como órgano consultivo en esta materia.
