Hoy se clausura en el recinto ferial de Madrid (IFEMA) la Semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, un encuentro que reúne las principales novedades urbanísticas. Bajo un arco en el que se lee Energía y ciudad sostenible han entrado en el recinto cerca de 200 expositores (17 extranjeros), con 40.000 metros cuadrados de stands para conocer lo que se está haciendo en Europa para tratar de cambiar el excesivo protagonismo contaminador que juegan sus ciudades.
Las demandas de energía casera son responsables del 35% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Otro 50% lo emiten los vehículos. España aporta el 20% del Grupo de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad. Son las que han firmado la Carta de Aalborg, capital danesa que es sinónimo de respeto ambiental desde 1994.
Una de las novedades de la cuarta edición de este certamen es la presentación de la primera propuesta de Ordenanza Municipal de control de la Contaminación Lumínica. El proyecto, elaborado por el Comité Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) plantea, entre otras medidas, la prohibición de los haces de luz hacia el cielo y las lámparas de vapor de mercurio, y el apagado de las luminarias de cualquier establecimiento cuando éstos cierren por la noche. También propone grandes limitaciones en el uso de luces ornamentales, el apagón de instalaciones de recreo y deportivas a partir de las 23 o 24 horas (según la época del año) y la reducción general a los niveles mínimos de directivas europeas.
La iniciativa exigirá además el destierro de las luces de vapor de mercurio (potencialmente contaminantes) a partir de medianoche y su sustitución en todas las señalizaciones públicas por otras de vapor de sodio. Además obliga a instalar interruptores horarios para establecer el apagado según la época del año.
La ordenanza contempla incluso un amplio régimen sancionador en el caso de excesos en el alumbrado público y el cierre de los negocios que no cumplan la normativa. Un reglamento que, de aprobarse, tendrá un carácter voluntario para todos los municipios que quieran suscribirlo.
Ésta iniciativa, que aún está lejos de convertirse en una norma general, nació de una proposición del Congreso de los Diputados presentada en 1999, que instó al ahorro y disminución de la contaminación lumínica.
