Las mujeres maltratadas se encuentran con 24 obstáculos que les impiden defender sus derechos, según advierte un informe de Amnistía Internacional (AI) cuando se cumple un año de la plena entrada en vigor de la Ley de Protección Integral. La ONG denuncia en este estudio la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario; las dificultades de acceso a recursos de calidad del conjunto de las víctimas; la ausencia de formación obligatoria para el conjunto de los profesionales que están en contacto con ellas, y el escaso impacto de los juzgados especializados en la eliminación de los obstáculos que se encontraban las mujeres con anterioridad a la nueva normativa.
A través del testimonio de víctimas de la violencia de género, de profesionales y de representantes de organizaciones que trabajan con estas mujeres de varias comunidades, AI analiza en su informe los cambios en la respuesta del Estado a esta lacra desde la entrada en vigor de la ley.
«Las mujeres siguen recibiendo diferente atención según la comunidad en la que vivan, y hay colectivos que siguen siendo discriminados en el acceso a la asistencia, la protección o la justicia», denunció ayer Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Cada año son más las mujeres que denuncian. En 2005 fueron 73.109, de las que 47.616 obtuvieron «orden de protección». Sin embargo, en el 22,7% de los casos esta orden fue denegada, en ocasiones sin fundamentar la razón y existiendo además una diferencia notable en el porcentaje de denegaciones entre unas comunidades y otras, desde el 11% de Navarra hasta el 32% de Asturias.
El documento destaca especialmente la situación de las mujeres extranjeras sin papeles víctimas de la violencia de género, ya que cuando denuncian corren el riesgo de acabar expulsadas del país si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor.
También señala que a pesar de los compromisos adquiridos con la Ley Integral, la violencia contra las mujeres no parece ser un problema prioritario en el ámbito sanitario: no está incluida en los indicadores de salud de la población ni en el actual borrador de Estrategia de Salud Mental.
Asistencia insuficiente
AI constata además que las medidas y recursos de asistencia a las víctimas continúan siendo insuficientes y están desigualmente repartidos. Señala, por ejemplo, que todavía no existe un centro de apoyo integral en todas las comunidades, tal como preveía a corto plazo la memoria económica de la Ley Integral y que se siguen utilizando pensiones y hostales para albergar a las mujeres en situación de emergencia.
A pesar de la creación de unidades especializadas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la atención a las víctimas de la violencia de género, el estudio recuerda que fuera del conjunto de estos profesionales no existen programas de formación específica.
Y aunque la Ley Integral establece el acceso a la justicia gratuita «desde que la mujer lo requiera», en colegios de abogados como los de Madrid, Vitoria y toda Andalucía no existe un servicio de atención a víctimas en comisaría, por lo que las mujeres no cuentan con asistencia letrada al interponer la denuncia.
Por último, el estudio señala que a los pocos meses de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer, la sobrecarga de trabajo es uno de los principales obstáculos, unido a la deficitaria formación del personal de los órganos judiciales especializados.
