La nueva ley balear de servicios sociales recoge que cualquier ciudadano de esa comunidad autónoma que pase hambre por no tener dinero para comprar comida podrá exigir a la Administración, por primera vez en España, que lo alimente, según anunció ayer la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Gobierno balear, Fina Santiago, durante la presentación del borrador de la ley, que se registrará en el Parlamento autonómico en septiembre u octubre.
Entre otras cosas, la norma incluirá el derecho a una ingesta mínima de alimentos, que podrá ser reclamado judicialmente en caso de que la Administración no lo cumpla, indicó la Conselleria en un comunicado. Así, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en una situación de necesidad que le impide acceder por sí misma a una alimentación suficiente, el Gobierno balear estará obligado a concederla a través de diversas posibilidades, como comedores sociales, bolsas de alimentos, becas para comedores escolares, etc. Si la Administración no lo cumple, la persona afectada podrá acudir a los tribunales para exigir la aplicación de este derecho subjetivo a no pasar hambre.
Baleares se convertirá de esta forma «en la primera comunidad autónoma que define que no pasar hambre es un derecho. Nadie lo había dicho hasta ahora», subrayó Santiago. La nueva ley establece además el derecho a alojamiento y al vestido. Asimismo, la Administración tendrá la obligación de garantizar la respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a estas necesidades.
