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El desarrollo de la Sociedad de la Información se verá frenado por el canon digital, según el Consejo Asesor de Telecomunicaciones

Solicita, entre otras medidas, que exista transparencia tanto en el cobro como en el posterior reparto a sus destinatarios

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: lunes 2 octubre de 2006
La comisión permanente del CATSI está formada por responsables de la Administración pública, usuarios, internautas, consumidores, operadores de comunicaciones, empresas del Sector TIC, colegios profesionales, medios de comunicación, comunidades autónomas y sindicatos, y tiene como finalidad asesorar al Gobierno en materia de telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Según la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Internautas, se debería vigilar que el canon digital sea proporcional al precio del producto; que sea obligatorio informar al consumidor sobre lo que se paga por ese concepto; transparencia tanto en el cobro como en el posterior reparto a sus destinatarios; que se habiliten procedimientos de arbitraje que permitieran resolver controversias, sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria; y que las administraciones públicas, empresas y todos aquellos sectores que, mayoritariamente, no utilicen contenidos con derechos estén exentos del pago. "La falta de transparencia en el cobro y el reparto y el exceso de atribuciones para inspeccionar a empresas y particulares que esta ley otorga a las Entidades de Gestión debería revisarse en el reglamento a desarrollar para evitar los abusos", afirmó Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

Por su parte, Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, manifestó su preocupación por la falta total de representatividad de los usuarios y de otros "responsables solidarios", como los comercios, en la mesa de negociación, ya que son éstos los que finalmente soportan el pago del canon digital.

En la reunión de esta mañana también se ha habló del anteproyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Los miembros de la comisión han solicitado que se reduzca a 6 meses el plazo en el que se deben almacenar los datos y que el coste de su aplicación sea compartido por la Administración.

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