El Instituto de Nuevas Tecnologías Onuba (INTO) ha visto embargados sus equipos informáticos por orden del Juzgado Mercantil de Huelva. El motivo de esta medida es el supuesto uso de «software ilegal» de varias compañías informáticas.
Según la Business Software Alliance (BSA), asociación que representa a la industria del software, el INTO «fue objeto de un registro que conllevó la inspección de unos 38 ordenadores en los que se encontró software sin licencia de las compañías Microsoft, Adobe y Sage SP, con una valoración de 125.829,58 euros».
Por ello, se acordó «el secuestro de los ordenadores y de las reproducciones o copias que se hallaron instaladas en los mismos, junto con la consignación de 125.829,58 euros al objeto de asegurar el pago de una eventual indemnización por daños y perjuicios», señaló la BSA en una nota.
Hace diez años, el Centro de Estudios Tame, S.L también se quedó sin sus equipos por emplear programas «piratas»
Se trata del segundo caso de este tipo que se produce en España. Hace diez años, el Centro de Estudios Tame, S.L también se quedó sin sus equipos por emplear programas «piratas» y tuvo que pagar una multa de 40.000 euros.
Por encima de la media comunitaria
Un informe de la consultora IDC correspondiente al año 2007 dice que el índice de piratería de software en España es del 43%, diez puntos por encima de la media de la Unión Europea (UE). Si se redujera esta diferencia, se generarían más de 1.400 millones de euros adicionales para el Producto Interior Bruto (PIB) español, se ingresarían 196 millones de euros en concepto de impuestos y se crearían 2.000 nuevos puestos de trabajo, afirma IDC.
La diferencia entre la comunidad autónoma con mayor y menor tasa de piratería es de 31 puntos. A la cabeza se sitúa Andalucía, con un 60%, frente a Navarra, con un 29%. Cuatro comunidades se colocan por encima del 50% y sólo dos lo hacen por debajo del 35%.
Reducir el índice de piratería de software podría generar 2.000 nuevos puestos de trabajo, según un informe
Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco acaparan el 75% de las pérdidas totales por software ilegal, al tratarse de los mercados de mayor volumen. En concreto, Madrid, con 159 millones de euros y Cataluña, con 136 millones, registran respectivamente el 25% y el 20% de la incidencia económica negativa de la piratería de software en nuestro país.
287 acciones contra el software sin licencia
El año pasado se llevaron a cabo en España de 287 acciones contra empresas, distribuidores y entidades que presuntamente vulneraron los derechos de propiedad intelectual del software.
La BSA indica que el valor total de las indemnizaciones por perjuicios sobrepasó los 500.000 euros, mientras que el coste en regularizaciones alcanzó los 160.000 euros. El mes de noviembre protagonizó el mayor número de denuncias y la ingeniería fue la industria que recibió más acciones legales.
