La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha abierto una investigación oficial sobre posibles abusos en el negocio incipiente de los operadores virtuales de telefonía móvil. Entre las compañías que quieren abrirse paso en este terreno está Telecable. Al igual que el resto, la empresa asturiana, que tiene licencia para operar bajo esta nueva figura, debe de ponerse de acuerdo, al menos, con alguno de los tres operadores de telefonía móvil -Movistar, Vodafone y Amena- para pagarle por hacer uso de sus infraestructuras y, así, empezar a trabajar.
La CMT abrió la investigación a mediados de julio tras recibir la denuncia de una pequeña empresa contra las tres grandes del sector, a las que acusa de acotar el acceso a este mercado y discriminar de forma negativa a aquellas sociedades que por su tamaño o forma de operar no les interesan, lo que va en contra de la posición que defienden las autoridades comunitarias desde Bruselas.
A principios de febrero, el regulador del mercado español remitió un escrito a las tres principales operadoras donde las instaba a iniciar ya las negociaciones con los nuevos operadores. Les advirtió entonces que debían «atender las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su uso», y hacerlo, además, sin exigir a cambio un coste «excesivo».
La CMT les instó incluso a «negociar de buena fe con los solicitantes autorizados», así como a «prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa a terceros». Sin embargo, un mes después de que haya vencido el plazo (2 de julio) para que las grandes operadoras cerraran un acuerdo con los posibles interesados, no se ha firmado un solo contrato.
Marcar parámetros
La Comisión ha decidido tratar este caso no como un expediente más sino como un «precedente» para marcar los parámetros que se han de respetar en el negocio de los móviles virtuales (al que querrían acceder más de una docena de empresas, encabezadas por Ono, Jazztel o Tele2).
Desde Telefónica, sin entrar en este caso concreto, argumentan que bastantes de los aspirantes aparentan ser «meros revendedores de minutos», que pretenden «parasitar» su red y la de otros operadores sin plantear inversiones que ayuden a mejorar la calidad del servicio. Por este motivo, y aunque Telefónica no puede negociar un contrato exclusivo con unas firmas, la compañía lleva semanas estudiando cómo elaborar un acuerdo «a la medida» de aquellas que elija como socios comerciales en los OMV.
