El parón inmobiliario se refleja también en las subastas estatales de viviendas. Así, el 82,3% de los inmuebles subastados por la Seguridad Social entre enero y octubre de 2008 no encontró comprador, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En el citado periodo, el organismo estatal sacó a subasta un total de 2.614 inmuebles, de los que sólo 463 fueron adjudicados. La recaudación por esta vía se vio reducida en 21 millones de euros.
En 2006 no encontraron comprador el 55,4% de los inmuebles y en 2007 el 61,8%, porcentajes bastante inferiores al del año pasado. Estas viviendas pertenecen al Ministerio de Trabajo desde hace décadas y están ocupadas por funcionarios o familiares de estos que están pagando un alquiler de renta antigua (que se ha ido revisando) desde hace muchos años.
Con estos datos, el Ministerio responde a un informe del Tribunal de Cuentas presentado el pasado mes de diciembre, en el que se denunciaba «falta de transparencia» en la fijación de los precios de venta de las viviendas de la Seguridad Social.
«La Seguridad Social siempre ha preferido vender las viviendas a los arrendatarios, que pagan un precio muy módico y tenían derecho a todas las transmisiones legales (viuda e hijos) con la expectativa de periodos de ocupación dilatados, antes que desahuciarles y venderlas más caras», subraya el departamento de Celestino Corbacho en un comunicado.
Explica que las viviendas arrendadas no se pueden vender a sus inquilinos al valor de mercado, pues esto sólo es aplicable a viviendas vacías, libres de inquilinos y cargas. Insiste además en que el precio de venta «se ajusta escrupulosamente» a la tasación -realizada por Segipsa, sociedad pública dependiente de Patrimonio del Estado- y es inferior al que resultaría de liberar los pisos mediante desahucio y posterior subasta del inmueble.
Finalmente, expresa su deseo de abandonar «cuanto antes o como mínimo disminuir» su posición como propietario y arrendatario de bienes inmuebles.
