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Comunidades y ayuntamientos piden un nuevo marco de financiación para reducir el coste del suelo

Coinciden en la necesidad de fijar nuevas formulas recaudatorias para evitar tener que recurrir al suelo para llenar sus arcas

  • Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2003

El problema de la vivienda mantiene divididas a las tres grandes administraciones del país -central, regional y municipal-, que descargan unas en otras la responsabilidad sobre la falta de medidas eficaces para frenar su encarecimiento, pese a coincidir todas ellas en que se trata de una situación coyuntural de difícil solución.

No obstante, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen claro que cualquier medida efectiva para desacelerar la subida del precio de las casas debe pasar por actuar sobre el suelo, bien agilizando los excesivos trámites burocráticos que se han de realizar para su urbanización, bien reduciendo los márgenes de beneficio que los poderes públicos obtienen con su venta -para lo cual se eliminaría la subasta-. Para ello sería necesario establecer un nuevo marco de financiación local, en el cual se sitúa la controvertida penalización fiscal a las viviendas vacías, medida que provoca opiniones encontradas y que el Gobierno central está dispuesto a apoyar con reformas legales.

Si en algo coinciden comunidades y municipios es en la necesidad de fortalecer sus mecanismos recaudatorios a través de nuevas fórmulas para no tener que recurrir al suelo como "nutriente" de sus arcas, a pesar de que desde los ayuntamientos se arguye que sólo entre el 5% y el 10% de sus presupuestos se financian a través de «soluciones urbanísticas». Para ello, y con el fin de frenar el incremento desmedido registrado en los últimos años en el coste de un terreno edificable -que supone ya el 60% de la suma que hay que desembolsar para adquirir una casa-, proponen la convocatoria de una mesa conjunta de diálogo con varios ministerios, como los de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Fomento, paso que consideran previo para alcanzar acuerdos concretos con los agentes económicos -promotores y constructores-.

La primera intención del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, es incluir en una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos la obligación a los propietarios de declarar ante sus consistorios las casas que han mantenido desocupadas durante más de un año natural.




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