La Asociación de Internautas califica de "grave ataque a Internet" la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información

• Fecha de publicación: 10 de abril de 2007
• Hora de publicación: 11:11

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La Comisión de Subsecretarios tiene previsto estudiar mañana el anteproyecto de Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI). Con esta normativa, que potenciará la actual Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), el Gobierno dice que pretende controlar aquellos contenidos de Internet que supongan peligro de fraude.

Sin embargo, desde la Asociación de Internautas (AI) señalan que la LISI supone un "grave ataque a Internet" y anuncian movilizaciones como las que se están llevando a cabo contra el canon digital si el texto se aprueba tal y como está. La AI recuerda que incluso el Consejo de Estado ha dicho que la nueva ley restringe la libertad de uso de la Red.

A su juicio, esta ley supone "un radical y perverso cambio" de la concepción de Internet como sistema abierto. En este sentido, dice que el texto obliga a los prestadores de servicios a bloquear o deshabilitar los contenidos presuntamente ilícitos a petición de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y entidades similares.

"El anteproyecto -denuncia la AI- convierte a la SGAE y entidades análogas en órganos judiciales capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios, en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos ilícitos por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras".

Además, dice que la medida no sólo alcanza a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales, sino que se extiende hasta los ordenadores de particulares que tienen instalados programas P2P (intercambio de archivos "punto por punto").

Finalmente, la Asociación de Internautas lamenta que a la hora de elaborar el texto no se haya consultado a las organizaciones de usuarios ni al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.