En la actualidad son cinco las autonomías españolas que mantienen acuerdos para derivar pacientes con problemas leves de visión a las ópticas. De esta forma, País Vasco, Andalucía, Aragón, Canarias y Madrid intentan descongestionar las consultas de Oftalmología y reducir una de las listas de espera más abultadas. Las administraciones salen ganando por partida doble porque las ópticas no cobran por atender a estos pacientes y sus oftalmólogos tienen más tiempo para la cirugía.
El paciente que en estas comunidades acude a su centro de salud con problemas de visión o necesidades de graduación no consigue un volante del médico de cabecera para ir al especialista, sino que se le recomienda que acuda a uno de los establecimientos concertados para evitarle una espera indeseada. Allí, el óptico no sólo le gradúa la vista, sino que le realiza cuatro pruebas de control como comprobar la tensión intraocular, la reacción de la pupila o si existen alteraciones del campo visual. Si en estas pruebas se detecta alguna anomalía, el paciente es enviado de nuevo al médico generalista y de allí a la consulta del oftalmólogo.
Sin embargo, estos acuerdos no convencen a la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). Los oftalmólogos reconocen que los ópticos están muy capacitados para graduar la visión, «pero las ópticas no pueden transformarse en clínicas oftalmológicas incompletas», comenta Juan Murube, presidente de la citada sociedad. En su opinión, el mayor riesgo de esta medida es que en las ópticas se pasen por alto dolencias que el oftalmólogo puede detectar en una revisión. Dos ejemplos: el estudio del fondo del ojo, «que requiere un profundo conocimiento, y es incluso difícil para el médico oftalmólogo», o la medición de la tensión ocular, «poco fiable con los sistemas utilizados en las ópticas», explica Murube.
Conflicto de intereses
También se vislumbra un conflicto de intereses. Los mismos ópticos que gradúan la visión, aconsejan la utilización o cambio de lentes y gafas cuando en ese mismo establecimiento se venden. «Estos problemas éticos son prácticamente incontrolables; sin embargo, el oftalmólogo tiene prohibido expender gafas en sus consultas y el médico, en general, de vender las medicinas que receta».
«Como oftalmólogo yo no aconsejo un cambio de lentes si sólo hay una variación de apenas 0,25 dioptrías. Pero si una óptica no cobra por ver a sus pacientes, ¿dónde está su beneficio?», señala el catedrático de Oftalmología y ex presidente de la SEO, Alfredo Domínguez.
Por su parte, el decano del Colegio de Ópticos y Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, defiende el trabajo de los ópticos como fórmula para descongestionar las consultas de la Seguridad Social. Martínez Moral reconoce que pueden deslizarse problemas oftalmológicos en las ópticas, aunque pregunta: «¿No es mejor eso que ver cómo una señora debe esperar dos años para ser operada de cataratas?».
Martínez Moral asegura que con los conciertos todos ganan: «Los oftalmólogos de los hospitales públicos están encantados porque pueden dedicarse a las cirugías y a las patologías más complejas, y los pacientes porque son atendidos de forma gratuita y sin soportar una lista de espera; a cambio son atendidos en consultas montadas con sistemas tecnológicos punteros». El decano de los ópticos también rechaza cualquier conflicto de intereses: «A los pacientes se les aclara desde el primer momento que acuden sólo a la óptica para examinar su visión, no para comprar gafas o lentes de contacto».
