El Gobierno español ha aprobado una normativa que penaliza los «superdepósitos» bancarios y limita las altas remuneraciones de los directivos de las entidades financieras que han recibido dinero público. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció la aprobación de un real decreto en la última reunión del Consejo de Ministros, con esas y otras medidas para paliar la ausencia de regulación de determinados productos bancarios que está detrás de la crisis financiera.
La nueva norma obliga a las entidades financieras que apliquen intereses excesivamente altos a sus depósitos a realizar contribuciones adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Los importes recibidos por los clientes que excedan los límites fijados se ponderarán en un 500% para calcular las aportaciones al citado fondo de garantía. Pérez Rubalcaba señaló que el decreto aprobado intenta paliar la ausencia de regulación de determinados productos bancarios que está en el origen de la crisis financiera, al tiempo que intenta frenar la «guerra del pasivo», que ha provocado «créditos más caros para todo el mundo».
Rubalcaba explicó que el Banco de España tendrá la capacidad de regular los salarios de los directivos de las entidades que reciban ayudas públicas y que se vigilarán los incentivos que se pagan en la banca para evitar prácticas especulativas. Respecto a las remuneraciones de bancos y cajas de ahorro, la nueva norma exige que aquellos directivos cuya actividad «tenga un impacto sobre el perfil de riesgo» sean coherentes con una gestión eficaz del mismo, al tiempo que impone la creación de un comité de remuneraciones en función del tamaño y la actividad de la entidad.
La norma establece que entre el 40% y el 60% de la remuneración variable se abone en un plazo mínimo de tres años, al tiempo que exige que la mitad se haga en acciones u otros instrumentos que dependan de la los resultados de la entidad. Además, en la remuneración variable se incluirán las contribuciones a planes de pensiones. En aquellas entidades que hayan recibido fondos públicos, el Banco de España decidirá si corresponde o no la asignación de retribuciones variables y podrá limitarla si lo considera oportuno.
