Inspectores de la UE visitarán España para auditar la situación de la carne, aves y huevos en relación con la salmonela

La AESA recuerda que la salmonelosis sigue siendo un problema de salud pública "importante"
Por mediatrader 7 de abril de 2006

Un equipo de inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO, sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) vendrá a España para auditar la situación de la carne, aves y huevos en relación con la salmonela, según informó ayer el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), Félix Lobo, quien recordó que la salmonelosis sigue siendo un problema de salud pública «importante».

El objetivo de la visita es identificar líneas de avance y puntos críticos sobre los que actuar prioritariamente, señaló Lobo durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, donde explicó las medidas para evitar situaciones como la intoxicación por consumo de pollos contaminados por salmonela registrada el verano pasado. En este sentido, dijo que SADA, la empresa productora de los pollos infectados, obtuvo la semana pasada el permiso para volver a comercializar este producto.

En esa ocasión, la alerta «funcionó bien», ya que de los cerca de 200.000 pollos que salieron al mercado se recuperaron 186.000, aunque Lobo reconoció que «es necesario un mayor esfuerzo en el campo de la información», como demuestra el hecho de que 698 casos de salmonelosis se produjeran después de haberse dado la alerta, el 28 de julio de 2005.

Entre las medidas para paliar esta situación, el responsable de la AESA citó las auditorías incluidas en el Plan Avanzado de Seguridad Alimentaria, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo año. Con esta iniciativa se trata de realizar una «inspección de los inspectores» mediante equipos mixtos de auditores de la AESA y de las comunidades, de forma que la Agencia esté presente en todas las auditorías y unas autonomías inspeccionen a otras, explicó Lobo.

Asimismo, recordó que desde el 1 de enero las autoridades pueden exigir a las empresas alimenticias que informen a los consumidores sobre cualquier riesgo potencial que pueda llegar a la cadena alimentaria.