La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular para que las tarifas de la telefonía móvil sean reguladas y tengan un tope legal.
CEACCU anuncia una campaña para que la sociedad civil exija, a través de una iniciativa popular, una reforma legislativa por la que se considere la telefonía móvil como una obligación de servicio público, designándose uno o varios operadores con poder significativo de mercado encargados de prestar el servicio a precio asequible y a todos los usuarios con independencia de su localización geográfica.
Esta organización exige, además, una «auténtica regulación» por parte de las autoridades de consumo que proteja a los usuarios de los «abusos» del sector de las telecomunicaciones, que, según el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), registra cada año 127.170 consultas y reclamaciones, «ello sin contar las otras muchas que nunca se presentan formalmente».
El próximo 1 de marzo, día en que entran en vigor las nuevas tarifas anunciadas por las principales compañías del sector, hay convocada una jornada de «móviles caídos» en señal de protesta. Las asociaciones de consumidores instan a que ese día sólo se utilicen los móviles en caso de emergencia.
