La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores a una decena de fabricantes de envases metálicos, entre ellos ArcelorMittal, y a la patronal de los conserveros de Pescados y mariscos (ANFACO). Investiga posibles acuerdos colectivos para fijar incrementos de precios en la fabricación de estos recipientes.
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores por posibles acuerdos colectivos para la fijación de incrementos de precios en la fabricación de envases metálicos para alimentación, a ArcelorMittal, a nueve fabricantes de recipientes de hojalata y a la patronal de los conserveros de Pescados y mariscos (ANFACO).
Los expedientes fueron incoados el 1 de septiembre tras la investigación abierta después de que, en diciembre de 2008, la Federación Española de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) denunciara posibles «acuerdos o recomendaciones colectivas» en el sector de la hojalata para la fijación de incrementos de precios de los envases, ha explicado la CNC.
Las averiguaciones de la CNC llevaron al organismo a abrir expedientes contra las empresas Mivisa Envases, Crown Embalajes España, Auxiliar Conservera, Iberembal, Metalgráfica Gallega, Metalcaps, Silgan White Cap Holdings Spain, Envases Ballujera y Metalgráfica del Sur. Según la CNC, por posibles «prácticas tendentes a la fijación de condiciones comerciales comunes para los envases metálicos de hojalata».
ArcelorMittal -la principal suministradora de hojalata- ha sido expedientada por la presunta aplicación de precios abusivos y otras prácticas contrarias a la ley.
Respecto a la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACO), en el transcurso de la investigación, Competencia tuvo conocimiento de contactos entre diversas empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de conservas alimentarias con ANFACO. El objetivo fue trasladar el incremento de los precios en los envases de hojalata y la implantación de «condiciones comerciales comunes».
Competencia señala que la incoación de los expedientes «no prejuzga el resultado final de la investigación formal». Ahora se abre un plazo máximo de 18 meses para la instrucción de los expedientes y su resolución.
