La elevada contratación temporal fue la causa principal de que el gasto de la prestación por desempleo creciera en 2001 por encima del 10% en relación con el año anterior. Este aumento se ha convertido en una de las preocupaciones prioritarias del Ministerio de Trabajo y coloca la protección económica de los parados en el punto de mira de las próximas reformas laborales.
Los últimos datos registrados, correspondientes al día 30 del pasado mes de noviembre, reflejan un coste desde enero de 1.379.731 millones de pesetas (8.292,35 millones de euros), 125.544 millones de pesetas más (754,53 millones de euros) que en el mismo periodo de 2000. El sistema de cobertura de paro comprende una prestación contributiva, otra asistencial y una tercera específica para los asalariados del campo. A la primera, denominada también seguro, se accede después de cotizar 12 meses. Su cuantía es proporcional a la retribución percibida por el beneficiario antes de perder el empleo. A la segunda, conocida como subsidio, se llega una vez agotada la contributiva o cuando no se han cubierto los requisitos para el seguro y está relacionada con el salario mínimo interprofesional, la edad y las cargas familiares.
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, explicó que la mejora del mercado laboral ha permitido que los ocupados trabajen durante más tiempo y, en consecuencia con mayores periodos de cotización que dan derecho a la prestación contributiva más cara que la asistencial. No obstante, para Chozas el factor decisivo generador del aumento es la excesiva rotación del mercado laboral provocada por la alta tasa de temporalidad con numerosas entradas y salidas del mercado y, por tanto, del sistema de protección.
Nuevos requisitos
Porcentualmente, la cobertura repercutió en el 58,11% de los parados, 4,26 puntos más que en 2000. Y, mientras la prestación contributiva subió casi cinco punto, la asistencia bajó 0,64 puntos. Las estimaciones fija en el 60% la tasa con la que terminó 2001. Es decir, al final del pasado año, seis de cada 10 parados tenía algún tipo de protección económica.
Por otro lado, todo indica que el comportamiento del desempleo durante los próximos meses no aliviará el abultado desembolso en cobertura. Los informes sitúan el gasto a 31 de diciembre en torno a los 1,4 billones de pesetas. El área económica del Gobierno insiste desde hace meses en la necesidad de reformar el sistema, planteamiento compartido por el Ministerio de Trabajo.
Responsables de las organizaciones empresariales y sindicales instaron al Gobierno a que frene sus ímpetus reformistas ante el anuncio del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de que en este mismo año habrá cambios sustanciales en el sistema de las relaciones laborales y en la protección por desempleo. Otros sectores del Ejecutivo, con suma cautela, precisaron que España tiene pendientes modificaciones importantes, pero descartaron que se lleven a cabo con premura y sin debatir con los agentes sociales.
