El Proyecto de Ley de Consumidores que se está discutiendo en Andalucía «supone un retroceso de 20 años en las políticas de Consumo», según mantienen las organizaciones de consumidores Facua Andalucía y Al-Andalus. Estas asociaciones recordaron que mañana se debatirá en el pleno del Parlamento una enmienda a la totalidad del proyecto de ley presentada por el PP-A.
En una nota, las asociaciones apuntaron que «en un giro de 180 grados con respecto a las políticas de Consumo de anteriores legislaturas, el proyecto de ley reduce el papel de la sociedad civil organizada y convierte a la Administración en un ente intervencionista y excluyente».
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-Facua y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al Andalus, lamentaron que la Consejería de Gobernación «eche por tierra el concepto de democracia participativa buscando la aprobación parlamentaria por la vía de urgencia de un texto que cuenta con el rechazo de la mayoría del movimiento de consumidores y del resto de agentes económicos y sociales».
Recordaron que el Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía emitió el pasado noviembre un dictamen aprobado por unanimidad «en el que vierte severas críticas al anteproyecto y denuncia que rompe con los principios que inspiraron la Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía de 1985».
Agregaron que el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, «rechazó frontalmente el texto al haber desoído casi todas las reivindicaciones de la mayoría de asociaciones de consumidores».
Facua y Al-Andalus denunciaron que el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, llegó a asegurar en una comparecencia parlamentaria que todas las federaciones de consumidores andaluzas estaban de acuerdo con el anteproyecto normativo y que sólo había discrepancias en temas puntuales «cuando en realidad, sólo la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, organización vinculada al PSOE, ha mostrado su apoyo al texto».
Para Facua y Al-Andalus, una nueva ley en materia de consumo debería situar como pilar fundamental, «junto con el que ha de corresponderle insustituiblemente a las administraciones públicas, la autodefensa de los consumidores a través de la autoorganización de la sociedad civil».
Para las organizaciones, en el proyecto normativo la Administración «juega un papel desmesuradamente intervencionista, sin tener en cuenta la necesidad que tiene de los agentes sociales para cumplir algunas de sus funciones, como por ejemplo la mejora y control del mercado».
De aprobarse el texto, el Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, «vería reducidas sus funciones consultivas y dejaría de ostentar la representación institucional de las asociaciones de consumidores», denunciaron estas entidades, que apostaron por el fortalecimiento del papel de los ayuntamientos en la protección de los consumidores, como plantea la Ley.
