El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio calcula que la rebaja de las primas a la producción eólica que pretende imponer permitirá reducir la factura eléctrica en 700 millones de euros en total, sumados este año y el próximo. El sector rebate esta afirmación, y asegura que, sin su aportación, el precio de la luz sería mucho más alto.
El anteproyecto de nueva regulación se ha remitido ya al Consejo de Estado, donde su estudio requerirá uno o dos meses. El Ministerio tratará de buscar el consenso mediante una negociación con los implicados: empresas generadoras y fabricantes. Gamesa, industria líder mundial -junto a la danesa Vestas- en el negocio de aerogeneradores, se está viendo penalizada en Bolsa por esta incertidumbre.
El real decreto en vigor establece incentivos a la producción eólica que acude al mercado que se prolongan hasta 2008. Este mecanismo está produciendo a las empresas rentabilidades del 15% y unos elevados sobrecostes al sistema eléctrico. La Secretaría General de la Energía ha diseñado un nuevo esquema de retribución, y plantea que, desde su aprobación hasta 2010 -año en que se modificará el sistema por completo- se aplique un procedimiento transitorio que establece «un suelo y un techo» en las primas a las eólicas ya en funcionamiento.
Puesto que se mantendrá la retribución a tarifa, la rentabilidad estimada quedaría en torno al 7% para las instalaciones que opten por ceder su producción a las distribuidoras y entre el 5% y el 9% para las participantes en el mercado de energía eléctrica. El secretario general de la energía, Ignasi Nieto, considera estas tasas «más que razonables» para una actividad regulada que no incurre en riesgos.
Industria defiende que el mecanismo anterior de garantía de primas se acabe en cuanto se aplique la nueva regulación y justifica la legalidad del procedimiento en la existencia de ese periodo transitorio.
Según el departamento que dirige Joan Clos, las primas a las eólicas alcanzarán en 2007 un importe de 1.830 millones de euros y mantener el sobrecoste para las instalaciones actuales -que suman 11.700 megavatios- hasta el año 2010 incluido es, a su entender, inasumible.
Rechazo de los ecologistas
Los planes del Gobierno respecto a la energía eólica no gustan a los ecologistas. Tres de las principales organizaciones ecologistas, WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción, acusan a Ignasi Nieto de que «en vez de mejorar los presupuestos para el desarrollo de las energías renovables, promueve un nuevo marco tarifario que pone en peligro conseguir los objetivos eólicos del Plan de Energías Renovables, fundamentales para el cumplimiento del Protocolo de Kioto por parte de España».
Estas organizaciones critican en un comunicado la decisión de Industria de recortar sustancialmente las primas al sector eólico, a pesar del rechazo expresado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de las empresas afectadas.
A su juicio, «sería injusto penalizar al sector eólico en este momento, cuando es el único que está eficazmente reduciendo las emisiones del sector eléctrico, mientras otras tecnologías, como el carbón, reciben subvenciones para seguir contaminando».
WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción explican que «sólo para 2006 se aprobaron 1.400 millones de euros en ayudas al carbón y además se le han asignado derechos de emisión gratuitos, por lo que cada 1.000 kilovatios/hora de electricidad producidos con carbón nacional nos han costado a todos los consumidores más de 100 euros y han emitido casi 1.000 kilos de CO2».
Sin embargo, según Industria, la eólica ha recibido 93 euros por cada 1.000 kilovatios/hora, «sin haber emitido ni un gramo de gases de efecto invernadero ni de contaminantes».
Los ecologistas subrayan que «no se oponen a que las primas a la eólica se sitúen dentro de un límite superior e inferior, siempre y cuando ello no implique agravios comparativos con las energías sucias ni aplicar las nuevas primas con carácter retroactivo a las instalaciones existentes».
